Investigan empresa constructora de Toledo por almacenaje ilícito de amianto
La Guardia Civil de Toledo, a través del Seprona de Illescas, ha abierto una investigación al propietario de una empresa constructora tras destapar un entramado de gestión ilícita de amianto.
Tras la denuncia presentada sobre el uso irregular de una nave situada al norte de la comarca de La Sagra (Toledo), los agentes hallaron más de 50 toneladas de este residuo peligroso acumuladas sin ningún tipo de control de seguridad.
Según la investigación citada por varios medios, la constructora realizaba labores de desmantelamiento de estructuras de uralita en infraestructuras ferroviarias, recintos industriales y asentamientos irregulares distribuidos por hasta siete provincias: Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo. En conjunto, el Instituto Armado calcula que la cantidad de residuos manipulados de forma ilegal supera las 750 toneladas.
El protocolo oficial para retirar este tipo de material exige humedecer y encapsular de forma rigurosa las placas para fijar las fibras de amianto e impedir que se dispersen en el aire. Sin embargo, la empresa acusada ignoró sistemáticamente estos pasos durante los desmontajes, lo cual elevó el riesgo de propagación de microfibras de asbesto al medio ambiente y supuso una amenaza para la salud pública.
Además, los agentes constataron que al menos seis empleados acudían periódicamente al almacén, donde permanecían en contacto con el material contaminado sin disponer del equipo de protección individual ni de los elementos de seguridad exigidos por la normativa de prevención de riesgos.
Según reportan los medios, para esquivar las inspecciones la constructora remitía a la Administración pública controles de calidad del aire totalmente alterados, obtenidos en ubicaciones ajenas a las obras reales. De igual modo, falsificaba los certificados de entrega del material en vertederos autorizados —cuando en verdad se abandonaba en la nave de La Sagra— e incluía partidas no prestadas en sus facturas.
Por todo ello, las autoridades han imputado al empresario por ser presunto autor de varios delitos: contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y delito contra el patrimonio.
Con información de CMM y Cadena Ser
