Reportan más de 3 millones de metros cuadrados de amianto en Valladolid
Estos son los resultados del censo preliminar de asbesto presentado por la Diputación de la provincia castellana
La Diputación de Valladolid ha presentado los resultados del censo preliminar de amianto en varios municipios de la provincia con el objetivo de entregar a los ayuntamientos un calendario de retirada adaptado a la normativa vigente.
El censo se ha llevado a cabo en 43 municipios de entre 650 y 20.000 habitantes, excluyendo a la capital y a otras localidades como Laguna, Medina y Arroyo por superar ese volumen de población.
Los resultados han arrojado volúmenes considerables de este material: se han identificado 17.287 edificaciones (públicas y privadas) que contienen amianto en alguna de sus formas, lo que suma un total de 3 millones de metros cuadrados de superficie afectada.
El censo en números
La localidad con más inmuebles afectados es Pedrajas de San Esteban (808), mientras que Tordesillas, Olmedo, Tudela de Duero y Portillo superan con creces los 700 cada una.
Por otra parte, la menor cantidad de inmuebles afectados se encontró en Fuensaldaña (141) y en otras localidades como Renedo de Esgueva, Viana de Cega y La Cistérniga, que no llegaron a superar las 200 edificaciones.
Finalmente, las localidades con mayor superficie de amianto son Tordesillas (257.000 m²), Íscar (237.600 m²) y Peñafiel (176.000 m²).
Evaluación del riesgo y marco normativo
Tras trazar el mapa del amianto en el territorio, el paso siguiente es diseñar los calendarios de retirada, para lo cual deben establecerse criterios de prioridad. Para determinar en qué edificaciones y zonas trabajar primero, se evalúan fórmulas de riesgo basadas en factores como la localización, la friabilidad (capacidad de desprender fibras), la conservación, la accesibilidad y el número de personas expuestas.
Todo ello se realiza para cumplir con la Ley 7/2022, que obliga a los ayuntamientos a retirar antes de 2028 el amianto presente en edificaciones del sector público que representen un mayor riesgo para la población.
Sin embargo, los medios han reportado los problemas que han tenido los consistorios para cumplir con los plazos establecidos. De hecho, el primer plazo fijado por la ley vencía en abril de 2023, una meta que la gran mayoría sigue sin cumplir tres años después.
Salvo excepciones como Valladolid capital o Arroyo de la Encomienda, la mayoría acumula retrasos, motivo por el cual la Diputación ha asumido los trabajos de censado.
Para el próximo mes de septiembre, la Diputación enviará la propuesta de calendario a los 43 municipios grandes y prevé disponer del informe de las localidades menores de 650 habitantes. Tras ello, se iniciará la fase final, en la que cada ayuntamiento deberá revisar las propuestas y gestionar la retirada del material mediante gestores autorizados.
Con información de Diario de Valladolid
