La preocupación de una madre por la presunta presencia de amianto en las cubiertas de varios edificios del Colegio Echeyde de Geneto, en La Laguna (Tenerife), ha llevado al centro a decidir su retirada definitiva.

La dirección ha confirmado a la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) la presencia de planchas de fibrocemento que contendrían amianto y ha anunciado medidas preventivas mientras se prepara el desmantelamiento, reporta Diario de Avisos.

El origen del caso se remonta a julio, cuando la madre de un estudiante pidió al colegio una comprobación técnica de varias cubiertas que, por su aspecto y antigüedad, podían contener amianto. La mujer estimó que la superficie de las cubiertas rondaba los 1.400 metros cuadrados y reclamó que se evaluaran los riesgos y se adoptaran las medidas necesarias.

La preocupación se extendió después entre otras familias, que solicitaron inspecciones, identificación técnica de los materiales y explicaciones sobre las medidas previstas antes del regreso de alumnos y trabajadores. Recordemos que la inhalación de fibras de asbesto a largo plazo puede ocasionar enfermedades potencialmente mortales como la asbestosis, el mesotelioma y el cáncer de pulmón.

La AFA, la dirección del Echeyde La Laguna y la Presidencia de la Cooperativa Echeyde abordaron el asunto en una reunión celebrada a principios de agosto. Medios locales confirman que se detectaron cubiertas de fibrocemento y se estableció una valoración global de riesgo moderado. El informe elaborado por Quirón Prevención indica, no obstante, que las cubiertas se encuentran en buenas condiciones de conservación y que no presentan roturas apreciables por lo que no son un peligro inminente.

Antes del comienzo del curso, el colegio ha encargado además un análisis específico de la calidad del aire para comprobar si existen fibras de asbesto en el ambiente. Los resultados se esperan en el transcurso del mes de agosto. Si alguna medición fuera positiva, el centro prevé trasladar temporalmente a los alumnos de los espacios afectados a otras dependencias.

Aunque el informe contempla medidas como el sellado de las cubiertas o la colocación de paneles protectores, la dirección y la propiedad han comunicado a las familias que optarán por su retirada definitiva.

El proceso deberá realizarlo una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y requerirá un proyecto técnico y las correspondientes autorizaciones. Según reporta Diario de Avisos, se le informó a las familias que la redacción de ese proyecto comenzará formalmente el 18 de agosto y podría prolongarse entre uno y dos meses.

Los trabajos tendrán que ejecutarse con el colegio cerrado y sin actividad por lo que se estudia aprovechar las vacaciones de Navidad, entre el 22 de diciembre y el 8 de enero. Si los trámites administrativos o los plazos de seguridad no lo permiten, la retirada se aplazaría al verano de 2027.

Mientras tanto, el colegio asegura que mantendrá las medidas preventivas, el control periódico de las instalaciones y la información a las familias conforme avance el proceso.

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Los municipios de Cartagena (Región de Murcia) y Gijón (Principado de Asturias) han puesto en marcha sendas campañas intensivas para la localización y erradicación de materiales con amianto. Aunque geográficamente distantes, ambas actuaciones responden a la necesidad de sanear los espacios públicos y dar cumplimiento a la legislación ambiental y de salud laboral vigente.

Hay que recordar que la manipulación y retirada de fibrocemento es una actividad altamente regulada. De acuerdo con el Real Decreto 396/2006, estos trabajos solo pueden ser ejecutados por empresas especializadas e inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), con personal formado y bajo un plan de trabajo aprobado previamente por la autoridad laboral.

Cartagena: ofensiva contra los vertidos ilegales de fibrocemento

El Ayuntamiento de Cartagena ha llevado a cabo un plan de limpieza para erradicar los vertidos incontrolados de amianto procedentes de obras locales. Estos residuos peligrosos —entre los que se encuentran placas de uralita, chimeneas y tuberías— venían depositándose de forma irregular junto a contenedores y en diversos espacios públicos del municipio.

Al no poder ser gestionados por los servicios ordinarios de recogida de basuras, la localización de los puntos críticos se ha realizado mediante inspecciones municipales y avisos de los propios vecinos.

Las intervenciones de saneamiento se han distribuido en más de una veintena de zonas:

• Barrios y diputaciones: Alumbres, Galifa, El Palmero, Los Chorrillos, La Aparecida, Islas Menores, El Algar, San Antón, El Ensanche y La Vaguada.
• Vías públicas y entornos específicos: Calle Wssell de Guimbarda; entorno del cementerio y calle Rodríguez Cabrillo (La Aljorra); calle Ángel Ferrant (La Palma); calle Ovidio (Torreciega); y calle del Capitolio (Los Belones).

Las autoridades han recordado el grave riesgo para la salud que supone la manipulación e inhalación de fibras de asbesto. Por su parte, el concejal del área de Presidencia, Infraestructuras y Urbanismo, Diego Ortega, señaló a Cartagena Diario que el municipio mantendrá la vigilancia activa e impondrá sanciones a quienes incumplan la normativa sobre gestión de residuos peligrosos.

Gijón: cumplimiento anticipado de la Ley 7/2022

En el Principado de Asturias, la Concejalía de Medio Ambiente de Gijón ha destinado una inversión de 17.545 euros a la retirada de fibrocemento en ocho parcelas de su red rural. Las actuaciones, encomendadas a una empresa especializada, han abarcado desde la recogida de placas de uralita rotas y ocultas en la vegetación hasta el desmantelamiento de pequeñas estructuras y cubiertas deterioradas.

Los trabajos se han localizado concretamente en:

• Fuente La Marica y Camino del Túnel (Somió)
• Camino del Barreu (Cabueñes)
• Camín de Riosecu (Deva)
• Lavadero de Elena (Pinzales)
• Parcela en Pico el Sol
• Carretera del Infanzón
• Carbaínos (frente a las antiguas escuelas)

Tal como explicó el concejal de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, a La Nueva España, esta campaña ha permitido al municipio adelantarse dos años a los plazos fijados por la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

Esta normativa exige a los ayuntamientos disponer de un censo de instalaciones con amianto y un calendario para su posterior retirada antes de 2028. Actualmente, Gijón cuenta ya con un mapa que identifica más de 6.500 edificaciones —tanto públicas como privadas— con sospecha de contener el material.

Con información de: Cartagena Diario y La Nueva España

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Estos son los resultados del censo preliminar de asbesto presentado por la Diputación de la provincia castellana

La Diputación de Valladolid ha presentado los resultados del censo preliminar de amianto en varios municipios de la provincia con el objetivo de entregar a los ayuntamientos un calendario de retirada adaptado a la normativa vigente.

El censo se ha llevado a cabo en 43 municipios de entre 650 y 20.000 habitantes, excluyendo a la capital y a otras localidades como Laguna, Medina y Arroyo por superar ese volumen de población.

Los resultados han arrojado volúmenes considerables de este material: se han identificado 17.287 edificaciones (públicas y privadas) que contienen amianto en alguna de sus formas, lo que suma un total de 3 millones de metros cuadrados de superficie afectada.

El censo en números

La localidad con más inmuebles afectados es Pedrajas de San Esteban (808), mientras que Tordesillas, Olmedo, Tudela de Duero y Portillo superan con creces los 700 cada una.

Por otra parte, la menor cantidad de inmuebles afectados se encontró en Fuensaldaña (141) y en otras localidades como Renedo de Esgueva, Viana de Cega y La Cistérniga, que no llegaron a superar las 200 edificaciones.

Finalmente, las localidades con mayor superficie de amianto son Tordesillas (257.000 m²), Íscar (237.600 m²) y Peñafiel (176.000 m²).

Evaluación del riesgo y marco normativo

Tras trazar el mapa del amianto en el territorio, el paso siguiente es diseñar los calendarios de retirada, para lo cual deben establecerse criterios de prioridad. Para determinar en qué edificaciones y zonas trabajar primero, se evalúan fórmulas de riesgo basadas en factores como la localización, la friabilidad (capacidad de desprender fibras), la conservación, la accesibilidad y el número de personas expuestas.

Todo ello se realiza para cumplir con la Ley 7/2022, que obliga a los ayuntamientos a retirar antes de 2028 el amianto presente en edificaciones del sector público que representen un mayor riesgo para la población.

Sin embargo, los medios han reportado los problemas que han tenido los consistorios para cumplir con los plazos establecidos. De hecho, el primer plazo fijado por la ley vencía en abril de 2023, una meta que la gran mayoría sigue sin cumplir tres años después.

Salvo excepciones como Valladolid capital o Arroyo de la Encomienda, la mayoría acumula retrasos, motivo por el cual la Diputación ha asumido los trabajos de censado.

Para el próximo mes de septiembre, la Diputación enviará la propuesta de calendario a los 43 municipios grandes y prevé disponer del informe de las localidades menores de 650 habitantes. Tras ello, se iniciará la fase final, en la que cada ayuntamiento deberá revisar las propuestas y gestionar la retirada del material mediante gestores autorizados.

Con información de Diario de Valladolid

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La Junta de Extremadura ha dado a conocer las nuevas convocatorias para el otorgamiento de ayudas públicas destinadas a la retirada de materiales con amianto. Como en otras regiones, las subvenciones buscan incentivar la eliminación de este material nocivo debido a los altos costes que implica su gestión.

Es importante destacar que las ayudas no van dirigidas a las empresas desamiantadoras, sino a las entidades, comunidades de vecinos y empresas que necesiten retirar asbesto de sus instalaciones. Las subvenciones están enfocadas al tejido empresarial y laboral y se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, es decir, mediante la valoración y puntuación de los expedientes según los criterios marcados en las bases.

Hasta 25.000 euros de ayuda

Esta es la segunda convocatoria que abre la Junta de Extremadura en 2026, dotada con 102.489 euros de fondos propios, para que empresas y autónomos retiren cubiertas con amianto e instalen sistemas de protección frente a caídas (líneas de vida).

Pueden solicitarla personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y entidades que desarrollen su actividad económica en la región y cumplan con los siguientes requisitos:

• Contar con una plantilla media mínima de 3 trabajadores por cuenta ajena en los 12 meses anteriores.
• Ser propietarias o arrendatarias del inmueble.
• Tener una licencia municipal de actividad con al menos 12 meses de antigüedad.
• Las ayudas excluyen explícitamente al sector público, la minería y las viviendas particulares.

Cuantías y modalidades

Una de las líneas está orientada a la retirada de cubiertas y financia el 85% de la inversión (hasta 20.000 € por centro de trabajo y un máximo de 25 €/m²). La edificación debe medir más de 3 metros de altura y superar los 10 m² de superficie. No se subvencionan sellados ni doblajes.

La segunda línea cubre el 50% de la inversión para la instalación de «líneas de vida» para la protección frente a caídas (hasta 5.000 € por centro de trabajo y un límite de 20 € por metro lineal). La instalación requiere un instalador certificado.

Plazos, ejecución y pago

El plazo de solicitud es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a su publicación en el DOE (publicado el 30 de julio de 2026) a través del Punto de Acceso General de la Junta. Los trabajos deben ser ejecutados por una empresa inscrita en el RERA y contar con el plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral antes de finalizar la solicitud. El abono se realizará en un único pago tras la justificación completa de la obra.

Solicita la ayuda aquí

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El alto costo de su sustitución y la limitación de las subvenciones públicas explican el lento avance para erradicarlas

La erradicación del amianto en Lleida afronta un panorama complejo marcado por el volumen de infraestructuras afectadas y el alto coste de su sustitución. Según ha informado el diario Segre, el Ayuntamiento de Lleida ha censado en el municipio más de 1.100 tejados construidos con fibrocemento, un componente clasificado como altamente cancerígeno que la Concejalía y la Generalitat de Catalunya se han propuesto eliminar por completo.

La información fue dada a conocer por la primera teniente de alcalde, Begoña Iglesias, en el marco de la Mesa Municipal para la erradicación del amianto en Lleida, un órgano que presidió la propia concejala antes de reunirse con el colectivo empresarial del polígono industrial El Segre.

De acuerdo con la información publicada por el diario, la mayor parte de estos tejados de uralita se localizan en el polígono El Segre y en el entorno de l’Horta, con presencia destacada también en los barrios de Balàfia y la Bordeta. Asimismo, el inventario municipal refleja que 15 edificios públicos bajo la gestión del propio Ayuntamiento aún albergan este material en sus estructuras.

Durante el encuentro, Iglesias instó al sector empresarial a acogerse a la línea de ayudas que ofrece la Generalitat de Catalunya para financiar la retirada segura del fibrocemento.

Pese al llamamiento municipal para agilizar el proceso, el ritmo de retirada sigue siendo lento por motivos económicos. Tal y como recoge el diario Segre, las subvenciones públicas vigentes presentan dos limitaciones clave que complican el proceso:

1. Insuficiencia en grandes superficies: Las subvenciones no logran cubrir el coste integral que supone retirar las cubiertas de gran tamaño, muy habituales en las naves del sector industrial.
2. Exclusión del material de reemplazo: La línea de financiación actual se limita a las tareas de retirada y gestión del residuo tóxico, sin subvencionar la compra o instalación de las nuevas cubiertas que sustituyan al amianto.

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La Guardia Civil de Toledo, a través del Seprona de Illescas, ha abierto una investigación al propietario de una empresa constructora tras destapar un entramado de gestión ilícita de amianto.

Tras la denuncia presentada sobre el uso irregular de una nave situada al norte de la comarca de La Sagra (Toledo), los agentes hallaron más de 50 toneladas de este residuo peligroso acumuladas sin ningún tipo de control de seguridad.

Según la investigación citada por varios medios, la constructora realizaba labores de desmantelamiento de estructuras de uralita en infraestructuras ferroviarias, recintos industriales y asentamientos irregulares distribuidos por hasta siete provincias: Alicante, Barcelona, Ciudad Real, La Coruña, Madrid, Murcia y Toledo. En conjunto, el Instituto Armado calcula que la cantidad de residuos manipulados de forma ilegal supera las 750 toneladas.

El protocolo oficial para retirar este tipo de material exige humedecer y encapsular de forma rigurosa las placas para fijar las fibras de amianto e impedir que se dispersen en el aire. Sin embargo, la empresa acusada ignoró sistemáticamente estos pasos durante los desmontajes, lo cual elevó el riesgo de propagación de microfibras de asbesto al medio ambiente y supuso una amenaza para la salud pública.

Además, los agentes constataron que al menos seis empleados acudían periódicamente al almacén, donde permanecían en contacto con el material contaminado sin disponer del equipo de protección individual ni de los elementos de seguridad exigidos por la normativa de prevención de riesgos.

Según reportan los medios, para esquivar las inspecciones la constructora remitía a la Administración pública controles de calidad del aire totalmente alterados, obtenidos en ubicaciones ajenas a las obras reales. De igual modo, falsificaba los certificados de entrega del material en vertederos autorizados —cuando en verdad se abandonaba en la nave de La Sagra— e incluía partidas no prestadas en sus facturas.

Por todo ello, las autoridades han imputado al empresario por ser presunto autor de varios delitos: contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y delito contra el patrimonio.

Con información de CMM y Cadena Ser

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El Gobierno de Navarra ha aprobado un nuevo baremo de ayudas para la eliminación de materiales con amianto en inmuebles privados de uso no residencial en obras que se realicen a lo largo del año 2026.

Esta es una excelente oportunidad de financiación para propietarios y arrendatarios de naves industriales, pabellones agrícolas, almacenes o locales comerciales dentro de la Comunidad Foral de Navarra.

El presupuesto para estas subvenciones asciende a más de 655.000 euros —más del doble respecto a convocatorias anteriores— y cubrirá hasta el 90% del coste de los trabajos, con un tope de 30.000 euros por proyecto y un mínimo de 3.000.

Las solicitudes podrán presentarse una vez que se publique la resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para lo cual no hay fecha aún. La convocatoria cerrará el 31 de octubre de 2026 y se asignarán por orden de llegada, por lo que se recomienda tener toda la documentación al día.

Gestión del Amianto ha tenido acceso al documento legislativo donde se establecen las bases y condiciones de esta convocatoria. A continuación te explicamos todos los detalles y requisitos indispensables.

¿Quiénes pueden acogerse a esta subvención?

La convocatoria está dirigida a personas físicas, empresas privadas, pymes, autónomos y comunidades de vecinos que sean propietarias o inquilinas (con autorización del propietario) de edificaciones privadas ubicadas en Navarra.

Un aspecto clave es que el inmueble debe ser de uso no residencial. Por tanto, quedan cubiertas instalaciones industriales, comerciales, ganaderas y agrícolas, entre otras, pero no viviendas regulares.

¿Qué costes y trabajos cubre la ayuda?

El objetivo es avanzar en la erradicación de este material nocivo para la salud y el medio ambiente. Por ello, la subvención asume prácticamente la totalidad del proceso:

• Elaboración y tramitación del Plan de Trabajo exigido por la autoridad laboral.
• Desmontaje y retirada de cubiertas de uralita, bajantes, tuberías o elementos con amianto.
• Transporte especializado del residuo peligroso.
• Tratamiento y depósito final en vertedero o gestor autorizado.

Requisitos:

1. Cobertura de la ayuda: hasta el 90% de los costes de retirada.
2. Cuantía máxima: Hasta 30.000 euros por solicitud.
3. Inversión mínima: El proyecto debe ser de al menos 3.000 euros (IVA excluido).
4. Empresas homologadas: La normativa exige que la retirada esté a cargo de una empresa autorizada: inscrita en el RERA, con sus trabajadores formados y con un Plan de Trabajo aprobado por la autoridad laboral.

Es importante destacar que las subvenciones no van dirigidas a las empresas que retiran amianto, sino a los propietarios de los inmuebles afectados.

Plazos y método de concesión: ¡El orden de llegada importa!

Las subvenciones se conceden por orden de presentación de solicitudes, es decir, por orden de llegada. Esto significa que los fondos disponibles se irán asignando a medida que entren las peticiones hasta agotar el presupuesto de 655.322 euros.

• Plazo de ejecución: Las obras deben realizarse entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026.
• Plazo límite de solicitud: El periodo para presentar la documentación estará abierto hasta el 31 de octubre de 2026.

Dado que los fondos son limitados y se asignan por orden de llegada, es fundamental preparar el proyecto y la documentación con la máxima antelación posible.

Consulta aquí el documento oficial para saber los detalles en profundidad.

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La organización ecologista Greenpeace ha lanzado un mapa interactivo para que la ciudadanía pueda señalar, de forma sencilla, lugares con sospecha de contaminación por amianto.

La herramienta recopila edificaciones identificadas por la propia organización y por las autoridades —incluso aquellas cuya descontaminación ya ha concluido—. Ahora, además, suma el reporte ciudadano con el objetivo de ayudar a las personas afectadas a identificar zonas de riesgo y reclamar soluciones inmediatas a las administraciones correspondientes.

La iniciativa ya está disponible en Hungría y Austria, y busca extenderse a otros países de Europa. El motivo de su lanzamiento en esta región responde a la falta de respuesta de las autoridades locales para dar solución a la contaminación por este material.

El responsable de Sustancias Químicas de Greenpeace en Hungría, Gergely Simon, ha criticado duramente la escasa disposición de las autoridades húngaras y austriacas para retirar los materiales con amianto identificados en espacios públicos, alegando una falta clara de medidas.

En declaraciones recogidas por Euronews, Simon mencionó la necesidad de poner en marcha planes de retirada de amianto, así como de ofrecer apoyo a los vecinos y ayuntamientos para hacer frente al problema. Sin embargo, advirtió que, a falta de una estrategia específica, se están impulsando soluciones improvisadas que pueden agravar la situación.

Greenpeace lleva meses denunciando la inacción de estos gobiernos para resolver la presencia de amianto en las carreteras de ambos países, donde en algunos casos se detecta hasta un 100% de este material en la grava, el asfalto triturado y la arena.

Por el momento, se desconoce cuándo se extenderá esta iniciativa a otros estados miembros de la Unión Europea.

Con información de Euronews y Greenpeace Hungría

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El nuevo marco legislativo busca transponer la normativa europea pero no existe todavía calendario para su publicación

La gestión del amianto en España se prepara para un cambio regulatorio significativo. El Ministerio de Trabajo y Economía Social impulsa un Proyecto de Real Decreto destinado a establecer las nuevas disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición a este material —también conocido como asbesto o uralita.

El nuevo marco normativo, concebido para sustituir al actual Real Decreto 396/2006, superó su fase de audiencia e información pública tras el cierre del plazo de alegaciones. Su objetivo es elevar la seguridad laboral de los trabajadores expuestos a las fibras de asbesto.

La presión de Bruselas

El nuevo marco normativo surge como respuesta a las directrices de la Unión Europea, que exige la transposición de la Directiva (UE) 2023/2668 a las leyes nacionales. La Comisión Europea había fijado como fecha límite el 21 de diciembre de 2025 para que los Estados miembros adaptasen sus leyes nacionales a estas nuevas exigencias.

El pasado 8 de julio Bruselas incluyó a España, junto a otros 5 estados miembros, en un expediente de infracción por incumplir el plazo de la trasposición legislativa y le ha dado dos meses para presentar una solución. Aunque no hay confirmación por parte de las autoridades españolas, todo indica que esto ha acelerado la tramitación del texto, sin que exista un calendario de publicación oficial hasta el momento.

Los cambios clave frente a la normativa vigente

La nueva regulación introduce criterios más estrictos en dos aspectos fundamentales:

1. Reducción drástica del límite de exposición: El Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-ED) pasará de las actuales 0,1 fibras por cm3 a tan solo 0,01 fibras por cm3. Una reducción de diez veces el límite permitido para proteger la salud respiratoria.
2. Métodos de medición de alta precisión: Para poder detectar concentraciones tan bajas, se abandonará progresivamente la Microscopía de Contraste de Fases en favor de tecnologías mucho más precisas, principalmente la Microscopía Electrónica.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ya ha hecho públicas las directrices para adoptar estos dos cambios, aunque estas no entrarán en vigor en tanto no se apruebe el nuevo Real Decreto.

Además de la bajada del valor límite de exposición, el proyecto normativo actualiza las reglas de inscripción en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), exige la realización de pruebas de ajuste individual para garantizar la eficacia de las mascarillas y equipos de protección respiratoria, impone mayor rigurosidad en los Planes de Trabajo y propone la realización de otros cursos de formación a los operarios.

Impacto en el sector: Seguridad y retos logísticos

La aplicación de este Real Decreto transformará el día a día de las empresas especializadas en desamiantado en dos vertientes:

• Seguridad de los trabajadores: La reducción VLA minimizará el riesgo de inhalación de partículas cancerígenas, reforzando los protocolos de confinamiento, el uso de Equipos de Protección Individual (EPIs) y la obligatoriedad de sistemas de extracción mecánica estancos en espacios confinados.
• Retos logísticos y operativos: Las empresas del sector deberán realizar importantes inversiones para actualizar sus equipos de muestreo y capacitar técnicamente a su personal.

Además, la menor tolerancia de fibras en el aire obligará a replantear la duración de las jornadas e impactará los ritmos de ejecución en las obras de retirada, además de que deberá ajustarse la forma en que se redactan los Planes de Trabajo.

La cuenta atrás para la entrada en vigor del nuevo Real Decreto ya ha comenzado. Adaptar con antelación los procesos técnicos y logísticos será la garantía para asegurar la viabilidad de los proyectos de desamiantado bajo el nuevo estándar exigido por Europa.

Descargue: Proyecto de Real decreto que establece las nuevas disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

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Las autoridades británicas han cerrado la playa de Mount Batten, en la ciudad portuaria de Plymouth (al suroeste de Inglaterra), tras detectar una cantidad considerable de fibras de amianto en la arena.

El Ayuntamiento de la ciudad confirmó a la BBC que el balneario se mantendrá cerrado hasta nuevo aviso. Asimismo, detalló que se seguirán realizando pruebas de laboratorio tras obtener resultados positivos por asbesto en 14 de las 16 muestras de arena tomadas recientemente.

De acuerdo con el medio local, el director de salud pública de Plymouth, Steve Maddern, enfatizó que los resultados de estos análisis son preocupantes y que la prioridad absoluta debe ser proteger la salud de los ciudadanos.

La presencia de amianto en este punto de la costa de Plymouth se conoce desde 2019, año en el que la playa sufrió un primer cierre temporal tras retirarse unos 500 kg de materiales contaminados. Desde entonces, se han llevado a cabo labores de limpieza y recolección cada dos meses.

Sin embargo, en aquel momento las pruebas de laboratorio solo dieron positivo en una de las 16 muestras analizadas. Al tratarse de una cifra mínima, se consideró seguro reabrir el balneario instalando carteles de advertencia. Siete años después, en 2026, los nuevos análisis revelan un incremento considerable e incompatible con la seguridad de los bañistas.

Aunque en los exámenes se han identificado dos tipos de amianto, las autoridades aún no han especificado cuáles son ni el origen exacto de su presencia en el lugar. De acuerdo con una nota publicada por el Ayuntamiento de Plymouth, se cree que el material es arrastrado por la marea hacia esta playa pero se necesitan pruebas concluyentes para saber su procedencia.  

Si bien el peligro de este material radica principalmente en la inhalación de sus fibras suspendidas en el aire, se considera que cualquier contacto potencial en la arena representa un riesgo, motivo por el cual se ha decretado el cierre inmediato de la playa.

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