La empresa CESPA Conten SA ha sido condenada a pagar 664.000 euros a la viuda y los hijos de un trabajador que falleció a causa de un cáncer provocado por exposición al amianto.

El operario contrajo la enfermedad tras estar expuesto al material tóxico durante su periodo laboral en la entidad, entre los años 2000 y 2008. Esta indemnización constituye un hito judicial en Euskadi, al ser una de las mayores cuantías concedidas en la región a víctimas del amianto.

El Juzgado de lo Social Nº 10 de Bilbao ha estimado la demanda tras quedar evidenciado que la empresa incumplió la normativa vigente. La sentencia subraya que no se tomaron las medidas de protección rigurosas para los empleados, pese a conocerse los efectos nocivos de dicho material, según una nota de EFE publicada en Deia.

La resolución se centra específicamente en las labores de desamiantado que el obrero, Josean T. T., desarrolló para PreZero Gestión de Residuos (antigua Cespa Conten) en el edificio del BBVA de la Gran Vía de Bilbao. Aunque el trabajador también desempeñó tareas en instalaciones de Sidenor, Arcelor Mittal y en el horno de Mondelez España Galletas Production, se ha determinado que no existen pruebas suficientes para vincular la exposición en esos centros.

En 2023, Josean fue diagnosticado con un mesotelioma epitelioide, patología considerada enfermedad profesional y vinculada directamente al contacto sostenido con fibras de amianto. El fallecimiento del operario, con poco más de 40 años, coincide con el periodo de latencia de la enfermedad —estimado en unos 20 años—, lo que confirma que el origen del mal se sitúa en los trabajos realizados en la década de los 2000.

Tras el diagnóstico médico inicial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya había reconocido tanto la incapacidad temporal como la permanente por contingencia profesional, reporta Radio Nervión.

La Asociación Vasca de Víctimas del Amianto (Asviame) ha expresado su satisfacción por esta resolución. Según recogen varios medios, la asociación ha aprovechado el fallo para exigir una mayor rigurosidad en las medidas de seguridad y en los protocolos de descontaminación durante las tareas de desamiantado, con el fin de evitar futuras muertes.

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Un reporte de El País asegura que la puesta en marcha del fondo de compensación del amianto, desde septiembre de 2025, ha sido lenta y demasiado exigente.

De los 25 millones de euros anuales destinados para el fondo, apenas se han ejecutado 5 millones; una cifra que, según El País, revela una escasa gestión de las ayudas.

Hasta ahora, han sido aprobadas solo 82 indemnizaciones de las 323 solicitudes presentadas en toda España. Esto significa que únicamente una de cada cuatro personas solicitantes (alrededor del 25%) ha recibido la prestación.

De acuerdo con cifras de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), consultada por El País, las comunidades autónomas con más solicitudes son la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con 100 y 85 peticiones respectivamente. Destaca esta última al otorgar un 43% de las indemnizaciones, mientras la primera apenas alcanza un 19%.

Por otra parte, tres comunidades autónomas —Cataluña, Asturias y Cantabria— no han concedido ninguna indemnización a pesar de haber recibido solicitudes.

Desde la entrada en vigor de la ley de compensación a las víctimas en septiembre de 2025, se han suscitado quejas respecto a cómo se ha implementado en cada región. Según reporta El País, varios sindicatos argumentan que los requisitos resultan restrictivos, dejando fuera a muchos afectados; entre ellos, familiares de fallecidos, personas que no han conseguido el reconocimiento de una afección temporal y aquellos que enfermaron por convivencia con personas expuestas al amianto.

De acuerdo con el medio, sindicatos y organizaciones afines negocian con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, una ampliación de los casos indemnizables, dado que el número de afectados es muy superior a los reconocidos actualmente por los tribunales.

Una de las trabas principales ha sido la formación de las comisiones de valoración. La ley de 2022 establece que estas deben emitir un informe preceptivo sobre el vínculo entre el origen de las patologías y la exposición al amianto; sin embargo, conformar estas comisiones ha llevado casi cuatro años. De hecho, La Rioja y Baleares aún no han constituido la suya.

“El fondo se está poniendo en marcha de forma progresiva y de una manera razonablemente buena”, declaró Suárez a El País. No obstante, el medio argumenta que, «a pesar de que el real decreto que regula este fondo depende de la Seguridad Social y, por lo tanto también su reforma, la pelota estaría en el tejado del Ministerio de Hacienda, que es el que determina, en la práctica, la gestión económica de estas indemnizaciones».

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El Ayuntamiento de Algeciras ultima la contratación de una empresa que se encargará de elaborar el censo y el calendario de eliminación del amianto presente en unos 93 edificios públicos del municipio.

El contrato contempla una hoja de ruta de cuatro meses: tres para la inspección de campo y realización de catas en todos los inmuebles, y uno adicional dedicado a la redacción final de los informes y el inventario.

El estudio abarcará toda la red pública, incluyendo desde la Jefatura de la Policía Local hasta las sedes de colectivos vecinales y el propio edificio del Ayuntamiento.

La empresa contratada deberá entregar informes individualizados y un documento resumen que planifique el proceso de desamiantado. En este sentido, la normativa establece la necesidad de priorizar la retirada en aquellos puntos con mayor grado de peligrosidad o donde exista una exposición potencial de la población más vulnerable.

Una vez finalizado, los resultados deberán ser públicos. Además, la administración local está obligada a remitir dicha documentación a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales de la comunidad autónoma para su posterior inspección.

El Ayuntamiento de Algeciras ha invertido casi 80.000 euros para localizar y planificar la retirada de este material nocivo, aunque la normativa estatal (Ley 7/2022), de 8 de abril, exigía tener finalizada esta tarea hace tres años.

Según detalla Europa Sur, la disposición adicional decimocuarta de dicha normativa —publicada en abril de 2022— obligaba a los ayuntamientos a tener listo este inventario en el plazo de un año tras su entrada en vigor.

El censo es solo el primer paso de un proceso más amplio. Según la normativa estatal, las instalaciones públicas con mayor riesgo deben estar libres de amianto antes del año 2028. Este proceso de desmantelamiento requiere la intervención de empresas autorizadas debido a la alta toxicidad del amianto.

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Más de 30 productos infantiles, desde ceras hasta juguetes de goma elástica, han sido retirados del mercado en el Reino Unido tras confirmarse la presencia de amianto en su composición. Grandes cadenas minoristas como Tesco, Primark, Matalan y M&S se han visto envueltas en la controversia.

Estas empresas se han visto obligadas a revisar sus protocolos de seguridad y retirar varios de sus productos tras un reporte de The Guardian, el cual denunciaba la presencia de este material cancerígeno en la arena de juego comercializada por Hobbycraft.

De acuerdo con el medio británico, la alerta inicial provino de un cliente que detectó restos de amianto en botes de arena de colores. En un principio, Hobbycraft afirmó que las autoridades del Reino Unido no habían advertido ningún riesgo y que no existían pruebas de daños causados a los consumidores.

Sin embargo, el incidente obligó a la Oficina de Seguridad y Normas de Productos (OPSS) a emitir una recomendación sobre los métodos de prueba más fiables, lo que desencadenó un aumento considerable de solicitudes de análisis por parte de tiendas y fabricantes, reveló The Guardian.

Lo sucedido ha suscitado duras críticas hacia los métodos de análisis de laboratorio utilizados en el sector hasta ese momento. Se cuestiona cómo productos que habían sido certificados como seguros contenían trazas de amianto que no fueron detectadas en su momento.

Los juguetes afectados contienen arena procedente de minas en China, donde las fibras de amianto pueden encontrarse de forma natural y donde las normas de etiquetado y control son menos estrictas que en Occidente.

La arena de colores para jugar ya había generado polémica por la presencia de amianto en Australia y Nueva Zelanda, donde el hallazgo provocó el cierre de escuelas y guarderías en noviembre pasado. Pese a estos antecedentes, el producto se siguió comercializando en Europa.

Asimismo, se ha confirmado la retirada masiva de juguetes de goma de la cadena Action, tras detectarse amianto en su recubrimiento. Estos artículos estuvieron a la venta durante casi dos años (entre abril de 2024 y febrero de 2026) y pueden ser devueltos para obtener un reembolso completo.

La magnitud de esta retirada masiva pone en evidencia graves deficiencias en los controles de seguridad y en la supervisión de las cadenas de suministro globales.

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El Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Córdoba celebró este martes una jornada técnica acerca de los aspectos legales, de planificación y gestión referentes a los trabajos con amianto, ante la creciente necesidad de su retirada de los entornos públicos.

La jornada llevó por título “Seguridad laboral en trabajos con amianto: normativa, planificación y gestión” y estuvo enmarcada en las conmemoraciones por el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo este 28 de abril.

El evento sirvió para debatir sobre los riesgos del amianto para la salud de los trabajadores y sus principales fuentes de exposición. Además, se hizo hincapié en la necesidad de elaborar censos de amianto para su localización y diagnóstico en distintos entornos.

La Diputación de Córdoba aprovechó la ocasión para dar a conocer sus iniciativas de censos y ejecución de proyectos de retirada de amianto en los municipios.

La delegada de Empleo de la Junta en Córdoba, María Dolores Gálvez, en declaraciones ofrecidas a Europa Press, instó a actuar con responsabilidad en la aplicación eficaz y rigurosa de las nuevas herramientas normativas y técnicas para la eliminación del amianto, y propuso situar la seguridad y la salud en el trabajo como criterio prioritario de actuación.

En este sentido, el encuentro resultó propicio para debatir sobre el desarrollo reglamentario de la normativa europea en España y la importancia de forjar colaboraciones entre instituciones, personal técnico y el tejido empresarial para garantizar entornos laborales más seguros.

De acuerdo con una nota de la Junta citada por Europa Press, España atraviesa un periodo marcado por el refuerzo de la protección de los trabajadores a consecuencia de la Ley 7/2022 y la transposición de la Directiva (UE) 2023/2668. Ambas exigen una mayor coordinación, planificación y especialización en las actuaciones relacionadas con el amianto, un material cancerígeno que podría cobrarse la vida de 130.000 personas antes de 2050.

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La realización de los censos de amianto representa un reto económico y laboral para los ayuntamientos del País Vasco. Según un reportaje publicado en Naiz, esta labor es fundamental para cumplir con la Ley 7/2022, del 8 de abril.

Con la llegada del segundo trimestre de 2026, se observan diferencias notables entre las provincias de la comunidad autónoma en cuanto a la proyección de los censos y la colaboración con empresas especializadas. Según el medio citado, mientras algunos ayuntamientos ya ofrecen formación, apoyo informático, planes de eliminación o subvenciones, otros aún no han definido su estrategia, aunque existe constancia de que varios preparan sus censos para lo que resta de año.

Aingeru Pérez, jefe de la Unidad Técnica del Sector Primario y Construcción del Instituto de Salud Pública y Laboral de Nafarroa (ISPLN), destaca en Naiz que el censo constituye «un gran reto, una ingente labor y un importante coste económico que muchos ayuntamientos no van a poder llevar a cabo en su totalidad».

Pérez advierte, además, sobre los riesgos de este proceso. Basándose en la experiencia de otros países europeos, señala la posible aparición de toneladas de amianto sin gestionar, así como la proliferación de vertederos y empresas no autorizadas operando al margen de la ley.

La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), exige a los ayuntamientos censar todas las instalaciones y emplazamientos que contengan amianto —tanto públicos como privados— antes de 2028.

Este censo debe incluir un calendario de gestión que priorice la retirada del material según su grado de peligrosidad y la exposición de la población más vulnerable. El proceso se divide en tres fases:

1. Identificación: Localización de edificaciones e instalaciones con materiales con amianto (MCA), incluyendo edificios públicos, naves industriales, viviendas, huertas y bordas.
2. Elaboración del informe: Redacción del censo siguiendo las Directrices para la Retirada del Amianto Instalado.
3. Evaluación de peligrosidad: Aplicación del algoritmo descrito en las Directrices (analizando tipo, estado, accesibilidad y personal afectado) para determinar las prioridades de actuación.

Nota importante: Esta última fase solo puede ser ejecutada por empresas inscritas en el RERA con un Plan de Trabajo aprobado por la Autoridad Laboral. La eliminación final debe realizarla un gestor de residuos autorizado en celdas de vertedero específicas.

La retirada efectiva solo será posible si existen esos censos profesionales que permitan localizar y gestionar el amianto de forma legal y segura. Por ello, los ayuntamientos están obligados a cumplir con la Ley 7/2022, entendiendo que el amianto no es solo un problema medioambiental, sino una cuestión de salud pública y riesgos laborales.

¿Eres un Ayuntamiento y necesitas realizar el censo de amianto?

Trabajamos con administraciones de toda España en la elaboración de censos municipales. Somos una empresa especializada y acreditada con el número RERA 29/00283 y NIMA 2900016663. Contamos con inspectores homologados por la UNE 171370-2 con trayectoria en el sector desde 2020.

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La Guardia Civil de Málaga ha iniciado una investigación tras el hallazgo de 167.000 toneladas de residuos de obra vertidos ilegalmente en diversas áreas de la Axarquía. Entre los escombros se han localizado materiales contaminados con amianto.

Actualmente, se investiga a 12 personas y tres empresas del sector de la construcción que, presuntamente, buscaban eludir los controles de gestión de residuos para evitar los costes derivados del tratamiento en plantas autorizadas.

Los implicados usaron de forma masiva fincas rústicas como basureros clandestinos en terrenos rurales. Allí colocaron escombros y materiales sobrantes en lugar de trasladarlos a dichas plantas de tratamiento.

Dada la magnitud de la cifra reportada, la investigación sugiere que la actividad se mantuvo de forma prolongada en el tiempo, ya que un volumen tan elevado de residuos habría requerido muchos traslados en camiones de gran capacidad, reportan medios locales.

El caso ha sido presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga como presunto delito de medio ambiente por su riesgo potencial de incendios y de contaminación del suelo y el agua, y por degradación visual y paisajística del entorno.

Más allá del impacto medioambiental, la presencia de amianto supone una grave amenaza para la salud pública. Componentes de fibrocemento fabricados antes de 2002 —como las antiguas placas de uralita— pueden desprender fibras microscópicas. Al ser inhaladas, estas fibras pueden provocar enfermedades mortales como la asbestosis, el mesotelioma y el cáncer de pulmón.

¿Cómo retirar amianto de forma legal y segura?

Manipular residuos peligrosos sin seguir los protocolos legales no solo conlleva sanciones administrativas y multas elevadas, sino que pone en riesgo la vida de trabajadores y vecinos.

La legislación española —bajo el Real Decreto 396/2006— estipula que solo las empresas debidamente autorizadas y especializadas pueden manipular y retirar este material.

Para operar legalmente, las empresas deben cumplir con requisitos estrictos, entre ellos:

• Inscripción en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto).
• Formación específica del personal (cursos de 20 horas).
• Elaboración de planes de trabajo aprobados por el INSST.

En GDA, facilitamos a las empresas constructoras la gestión integral de estos trámites para que puedan comenzar a retirar amianto de manera legal y segura en el menor tiempo posible.

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El sistema de reparación para los afectados por el amianto en España ya es un hecho. Tras la validación del procedimiento por parte del Consejo de Ministros en junio de 2025, se ha dado luz verde para que los damnificados puedan acceder al fondo de compensación estatal, una medida que emana de la ley aprobada originalmente en 2022.

Este fondo busca resarcir a quienes desarrollaron enfermedades graves tras haber estado expuestos a este material también conocido como asbesto, cuya utilización en el sector de la construcción fue masiva hasta su prohibición definitiva en el año 2002.

“Este Real Decreto es una cuestión de justicia para miles de personas afectadas y sus familias. De este modo reparamos los daños y perjuicios causados sobre miles de víctimas, que llevan mucho tiempo esperando esta respuesta, tras sufrir una exposición al amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental”, aseguró la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Elma Saiz en la nota de prensa publicada por el Consejo de Ministros.

Baremo de ayudas y patologías

Las compensaciones se abonarán mediante un pago único, y su cuantía dependerá directamente del diagnóstico médico. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha establecido una escala económica basada en la gravedad de la afección:

• Mesotelioma: 96.621 euros.
• Cáncer de pulmón: 64.414 euros.
• Cáncer de laringe: 48.310 euros.
• Asbestosis: 32.207 euros.

En aquellos casos en los que una misma persona sufra varias enfermedades de forma simultánea, el reglamento estipula que se percibirá la indemnización más elevada de las que le correspondan según el baremo.

Procedimiento para los solicitantes

Para acceder a estas ayudas, las víctimas deben completar un proceso de dos etapas. En primer lugar, es necesario acudir a la Consejería de Salud correspondiente para obtener un certificado oficial de diagnóstico. Este paso es ahora posible gracias a la reciente puesta en marcha de equipos de valoración técnica especializados en estas patologías.

Una vez obtenido el certificado, el afectado deberá formalizar la solicitud de pago ante el INSS. La administración dispone de un plazo máximo de seis meses para emitir un veredicto. Es importante destacar que, si pasado este tiempo el solicitante no recibe respuesta, el silencio administrativo operará de forma negativa, entendiéndose que la compensación ha sido denegada.

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El convenio contempla asesoramiento y descuentos de hasta el 15% en servicios de desamiantado en Ibiza y Formentera

Un nuevo convenio de colaboración entre la empresa constructora Vestalia y la Federació de la Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (Pimeef) prevé facilitar los trabajos de gestión del amianto a las pequeñas y medianas empresas de Ibiza y Formentera.

La noticia se dio a conocer ayer 14 de abril a través de un comunicado conjunto emitido por ambas entidades, según reportaron varios medios.  

El acuerdo busca proteger la salud pública y ambiental, así como reforzar la seguridad de los trabajadores a través de la eliminación de materiales con amianto, también conocido como asbesto. La normativa vigente establece la retirada de este material tóxico de edificaciones en determinadas circunstancias.

Tras la entrada en vigor de este convenio, las empresas asociadas a Pimeef podrán contratar los servicios de desamiantado de Vestalia con un 15% de descuento, además de contar con un servicio de asesoramiento gratuito sobre los procesos de retirada de asbesto y el marco legislativo para acceder a ayudas y subvenciones.

En Baleares, la regulación urbanística permite la legalización de determinadas edificaciones en suelo rústico, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes de desamiantado cuando se vayan a realizar obras y exista riesgo de liberación de fibras.

“Este marco refuerza la necesidad de abordar el desamiantado como paso clave tanto para la adecuación legal de inmuebles como para la protección de la salud”, destaca ambas entidades en la nota publicada ayer, citada por Noudiari.

Perteneciente al Grupo Herbusa, la empresa Vestalia se dedica a la gestión de amianto y otros servicios como los trabajos de altura. Por otra parte, Pimeef ejerce como voz y apoyo del sector de la pequeña y mediana empresa en Ibiza y Formentera, impulsando su crecimiento y capacidad competitiva.

Mediante este convenio, las entidades reafirman su apuesta por la seguridad y el desarrollo sostenible, al tiempo que impulsan el crecimiento de las empresas de las islas. De este modo, no solo se agiliza la adecuación a la legalidad vigente, sino que se promueve una mejora sustancial del entorno laboral en la región.

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La medida busca que las víctimas puedan acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación del Instituto Nacional de la Seguridad Social

El Servicio Extremeño de Salud ha creado el Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto que empieza a funcionar a partir de hoy 14 de abril. Este grupo de profesionales estará encargado de diagnosticar, comprobar y certificar a las personas afectadas por la exposición al material tóxico.

El objetivo es que las víctimas reciban el certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, también conocido por asbesto. Esto constituye un requisito imprescindible para acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el cual otorga ayudas de entre 32.000 y 96.000 euros.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este lunes la resolución donde se explica todo el funcionamiento de la medida. Por ejemplo, que el quipo estará integrado por personal de salud pública, laboral y ambiental.

Esos profesionales serán los encargados del diagnóstico y la valoración de la enfermedad, su calificación y revisión, así como la determinación de su causa o del fallecimiento de las personas afectadas por exposición al amianto.

Las personas afectadas podrán presentar sus solicitudes a través del registro electrónico de la Junta de Extremadura o en cualquiera de las oficinas habilitadas. El plazo máximo para resolver será de 3 meses.

Las reacciones no se han dejado esperar y muchos celebran las buenas noticias. El responsable de industria de UGT Extremadura, Ricardo Salaya —citado por Canal Extremadura— también opina que esta medida debe extenderse a todos los períodos en los que se usó ese material en la región.

La exposición prolongada al amianto o asbesto representa un alto riesgo para la salud. Inhalar las fibras que se liberan al aire en el proceso de manipulación ocasiona enfermedades pulmonares como la asbestosis, o cáncer.

Los materiales con amianto eran muy populares y se usaron ampliamente durante gran parte del siglo XX, hasta que se descubrieron sus efectos nocivos. Aunque en España quedó prohibido su uso desde el año 2002, todavía sigue presente en las cubiertas de edificios públicos y viviendas lo cual representa un riesgo de salud latente.

La Junta de Extremadura tiene aprobado un plan de retirada de amianto que asciende a los 200.000 euros. El 85% de los fondos está destinado a la retirada del material y el resto a la instalación de medidas de protección.  

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