El Ayuntamiento de Cabra, municipio de la provincia de Córdoba, ha concluido los trabajos de gestión de materiales con amianto en tres inmuebles de gran envergadura de la localidad.

Los trabajos han consistido en la retirada de cubiertas de uralita (fibrocemento con amianto) y su posterior sustitución por otros elementos constructivos inocuos para la salud de las personas.

Las actuaciones se han llevado a cabo en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, el Cementerio Municipal ‘San José’ y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite, tres espacios de importancia cultural y social para el municipio.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, estos trabajos forman parte del plan de retirada de amianto resultante de la elaboración del censo municipal de instalaciones con presencia de este material.

La actuación se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece obligaciones para los ayuntamientos en materia de localización y retirada de amianto.

De acuerdo con el Diario de Córdoba, el Consistorio de Cabra informó de la conclusión de su inventario en 2025, adelantándose así en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

La intervención forma parte del programa «Diputación Invierte», aprobado en 2025, y que ha contado con una inversión total de 79.937,09 euros. La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra han asumido la financiación a partes iguales.

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El Parque de Atracciones de Madrid tiene identificadas 14 instalaciones con presencia de amianto/asbesto pendiente de retirada, según documentación del Ayuntamiento de Madrid publicada dentro del nuevo concurso para la explotación del recinto y consultada por eldiario.es.

El Ayuntamiento trabaja junto con la empresa gestora del parque en la identificación, evaluación y planificación de estos materiales. Parte de las actuaciones se incluyen en un plan de desamiantado previsto para ejecutarse a finales de 2027, mientras que otras retiradas se prevén dentro de los trabajos ordinarios de mantenimiento de las instalaciones.

El asbesto se ha localizado principalmente en cubiertas y elementos auxiliares, tanto en espacios cerrados como en zonas que continúan operativas.

Entre los espacios identificados se encuentran la Cueva de las Tarántulas, actualmente clausurada; la atracción Los Rápidos, donde se indica la existencia de fibrocemento en una cueva de difícil acceso; y la chimenea de The Walking Dead.

También aparece en las cubiertas de varios baños del recinto, entre ellos los situados en las zonas de Abismo, Nickelodeon y Fantasía, así como en el Mercado de San Isidro, el quiosco del templete y el antiguo restaurante valenciano.

La documentación recoge además su presencia en espacios internos como una oficina de mantenimiento, un almacén de restauración y una bajante situada en la zona del comedor del personal.

No hay riesgo para usuarios

Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, ha explicado a El Mundo que los elementos de fibrocemento se encuentran principalmente en cubiertas no accesibles y que no han supuesto un riesgo para la salud o la seguridad de visitantes, trabajadores o contratistas.

La compañía asegura que estos materiales se gestionan de acuerdo con la normativa mediante evaluaciones especializadas, seguimiento e inspecciones periódicas.

La presencia de materiales con amianto no implica por sí sola una exposición. El riesgo está relacionado principalmente con el estado del material y con la posibilidad de que se deteriore o se manipule liberando fibras al ambiente.

En uno de los elementos identificados, una pérgola, la documentación municipal señala que se ha encapsulado el material, una técnica habitual que evita la dispersión de fibras de amianto al ambiente, lo cual minimiza el riesgo de exposición.

Un proyecto de retirada ya en tramitación

El Ayuntamiento de Madrid requirió en febrero de 2025 al Parque de Atracciones que procediera a retirar el fibrocemento presente en varias cubiertas.

Según la información recogida por eldiario.es, la empresa entregó en junio de 2026 la documentación técnica correspondiente al proyecto de sustitución de las cubiertas afectadas y la justificación del cumplimiento de la normativa aplicable.

El proyecto ya ha obtenido dictamen favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico, un trámite necesario debido a que las instalaciones se encuentran dentro de un Bien de Interés Cultural.

La documentación también ha sido remitida a la Agencia de Actividades para su informe urbanístico. Posteriormente deberá intervenir la Dirección General de Aguas y Zonas Verdes para conceder la autorización administrativa necesaria antes de ejecutar los trabajos.

El Ayuntamiento señala que las actuaciones deberán realizarse conforme a la normativa específica sobre amianto y mediante empresas habilitadas e inscritas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).

Retirar el amianto antes de 2028

El calendario planteado se enmarca también en las obligaciones establecidas para los edificios e instalaciones públicas.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establece actuaciones dirigidas a la localización y retirada del amianto en instalaciones y emplazamientos públicos, con especial atención a los de mayor riesgo, previstas a finalizar para 2028.

Según las declaraciones municipales recogidas por Somos Madrid, el Ayuntamiento pretende avanzar en las retiradas cumpliendo con los plazos previstos en la normativa.

Amianto en un recinto con cerca de un millón de visitantes al año

El Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas en 1969 y recibe cerca de un millón de visitantes anuales, según los datos recogidos por eldiario.es.

La revelación de estos datos sobre el amianto se produce con motivo del nuevo concurso municipal para gestionar el recinto a partir del final de la actual concesión, prevista para septiembre de 2027.

La documentación elaborada para esa licitación ha permitido conocer con mayor detalle el estado de las instalaciones y la existencia de materiales de fibrocemento pendientes de gestionar.

El caso del Parque de Atracciones refleja una situación que continúa apareciendo en numerosos edificios e infraestructuras construidos durante las décadas en las que el fibrocemento con amianto fue utilizado de forma habitual.

Su localización, evaluación y retirada planificada se ha convertido así en una de las tareas pendientes dentro de la conservación y renovación de una parte del parque inmobiliario y de las instalaciones públicas españolas.

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El Ayuntamiento de Pamplona ha completado su Censo Municipal de Amianto, una herramienta que permitirá localizar los edificios afectados, conocer el estado de conservación de los materiales y establecer prioridades para su futura retirada.

El inventario identifica 212 inmuebles con presencia de amianto, que suman una superficie de 222.581,51 metros cuadrados. Según la información publicada por Diario de Navarra, la mayor parte del amianto localizado se encuentra en cubiertas y tejados de edificios industriales, con una concentración relevante en el polígono de Landaben.

El censo también recoge información sobre el uso de cada inmueble, la superficie afectada y el estado de conservación de los materiales, clasificados como deficientes, regulares o buenos. Estos datos permitirán al Ayuntamiento planificar futuras intervenciones atendiendo al riesgo y al estado de cada elemento.

De acuerdo con la presentación oficial, el 90,7 % de la superficie identificada con amianto ha sido clasificada con prioridad baja, ya que se encuentra en buen estado de conservación y, por tanto, presenta un menor riesgo de liberar fibras al aire. En el extremo contrario, 2.913 metros cuadrados presentan prioridad alta, por lo que requerirán una mayor atención dentro de la planificación municipal.

Un trabajo de campo para actualizar el inventario

El nuevo censo parte del inventario preliminar elaborado por el Gobierno de Navarra. A partir de esa base, el Ayuntamiento encargó una revisión a personal técnico especializado, un trabajo que ha servido para comprobar y actualizar los datos existentes, localizar nuevos elementos con amianto y evaluar el estado actual de los edificios.

Antes de finalizar septiembre está prevista la publicación del inventario en la plataforma cartográfica municipal GeoPamplona.

Una vez elaborado el censo, el siguiente paso será programar los trabajos de retirada conforme al estado de conservación de cada inmueble y, por tanto, a su nivel de riesgo, con especial atención a los espacios utilizados habitualmente por población vulnerable, como los menores.

Se estima que eliminar todo el amianto de Pamplona tendrá un coste de 6,75 millones de euros. En paralelo, el Gobierno de Navarra mantiene abierta una convocatoria de ayudas destinadas a incentivar la retirada segura por parte de particulares y empresas privadas.

El presupuesto aprobado en 2026 asciende a 655.322 euros, y las ayudas pueden cubrir hasta el 90 % del gasto, con un máximo de 30.000 euros por actuación y determinadas condiciones de acceso.

El Ayuntamiento ya ha intervenido en algunos de sus propios edificios. Durante 2026 se ha retirado amianto de las naves del antiguo Oscus, con unos 2.200 metros cuadrados afectados, y de la Casa de las Mujeres, con 243 metros cuadrados.

Sin embargo, todavía quedan elementos pendientes de retirada en otros tres inmuebles municipales: las cubiertas del Civivox Jus la Rocha, el albergue Paderborn y un edificio situado en San Jorge y cedido a Tasubinsa.

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El Ayuntamiento de Amurrio, municipio de la provincia vasca de Álava, ha puesto en marcha la elaboración de su censo municipal de edificios con posible presencia de amianto, un trabajo que también incluirá un calendario para planificar su retirada.

Según informa El Correo, la Junta de Gobierno municipal ha aprobado la realización de este inventario, que deberá completarse en un plazo aproximado de cuatro meses. Su puesta en marcha llega después del plazo fijado por la normativa para disponer de estos censos municipales, que venció en abril de 2023.

El objetivo será localizar los inmuebles y espacios en los que pueda existir amianto y disponer de información que permita ordenar las futuras actuaciones de inspección y retirada según su prioridad.

Para elaborar el censo, Amurrio seguirá las pautas de la guía desarrollada por Ihobe, la sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco.

El trabajo se dividirá en dos fases. En una primera etapa se analizará la información disponible sobre los edificios, teniendo en cuenta datos como su fecha de construcción, la información catastral y distintas imágenes aéreas. Se prestará especial atención a instalaciones de uso público consideradas sensibles, entre ellas centros sanitarios, educativos, culturales y deportivos.

Este primer análisis permitirá elaborar un mapa de inmuebles en los que pueda existir amianto.

La segunda una fase consiste en un proceso de inspección sobre el terreno. Los técnicos revisarán elementos constructivos susceptibles de contener fibrocemento con amianto, como cubiertas, bajantes, fachadas, paramentos o jardineras. Además de identificar estos materiales, se tendrá en cuenta su estado de conservación, un aspecto fundamental para establecer prioridades de actuación.

El resultado será un informe dirigido a la ciudadanía acompañado de una planificación para la retirada del amianto y de criterios para organizar futuras inspecciones.

La elaboración del censo adquiere especial importancia ante los siguientes plazos previstos para la eliminación del amianto. Tal y como recoge El Correo, los edificios e infraestructuras públicas con mayor riesgo deberán estar libres de este material antes de 2028.

Amurrio ya ha realizado actuaciones concretas en los últimos años. Entre ellas se encuentran intervenciones vinculadas a la regeneración de edificios en el barrio de Goikolarra y la retirada, en 2024, de una antigua cubierta de fibrocemento del centro de día de Landazuri durante las obras de rehabilitación.

La identificación previa de los materiales con amianto y la evaluación de su estado son pasos esenciales para poder organizar su gestión y retirada de forma segura, especialmente en edificios de uso público y en aquellos espacios donde exista una mayor vulnerabilidad.

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Nuevos informes desclasificados revelan que las autoridades conocían la existencia del material tóxico en las Torres Gemelas, el cual ha causado más muertes que el propio atentado.

Este martes, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ordenó la divulgación de documentos que suman unas 170.000 páginas con informes sobre la calidad del aire en la Zona Cero tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Los documentos contienen un informe extenso sobre la presencia de amianto en «prácticamente todos los lugares donde los inspectores realizaron pruebas», sostiene el propio Mamdani en declaraciones citadas por el periódico El Mundo.

El medio también señala que el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad decidió no divulgar dichos informes. Al menos 68 cajas con 340.000 páginas de registros permanecieron ocultas hasta 2025, cuando fueron encontradas durante los trabajos para instalar nuevas alfombras en la sede de la institución.

Tras llegar a un acuerdo con la organización 9/11 Health Watch, el Ayuntamiento de Nueva York destinará 34 millones de dólares para abrir un portal público con información relacionada con la respuesta de la ciudad al 11-S.

Casi 25 años después de la tragedia, se sabe que la nube de polvo producida por el colapso de las torres ha provocado más víctimas mortales que el ataque en sí mismo. El polvo resultante se extendió en un radio de unos 70 kilómetros y contenía no solo amianto, sino también plomo y vidrio molido.

Entre los principales afectados por la toxicidad de los materiales se encuentran rescatistas, personal médico y supervivientes del atentado, muchos de los cuales fallecieron años más tarde como consecuencia de las enfermedades derivadas de la exposición.

Sustancias como el amianto, conocido también como asbesto, se adhieren a los tejidos pulmonares tras ser inhaladas sin que el cuerpo tenga capacidad para eliminarlas. Con el paso de los años, estas partículas provocan enfermedades como fibrosis pulmonar, cáncer de pulmón o mesotelioma.

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La localidad catalana, con presencia de asbesto en todas sus edificaciones, podría convertirse en la primera localidad europea libre del material cancerígeno.

El Ayuntamiento de Badia del Vallès y la Generalitat de Catalunya ultiman los detalles del plan para eliminar el amianto de la totalidad de sus inmuebles residenciales.

La actuación, financiada de forma íntegra con fondos públicos, comenzará de manera inminente en un primer grupo de 127 comunidades de propietarios y sitúa al municipio en disposición de convertirse en la primera localidad europea libre de asbesto.

La medida responde a una problemática singular en el panorama urbano español. La ciudad fue construida de una sola vez durante la década de 1970 mediante elementos prefabricados de fibrocemento, un material que contiene amianto y que se encuentra presente prácticamente en la totalidad de sus 200 bloques de pisos, principalmente en galerías, bajantes, chimeneas y tejados.

Los trabajos de esta primera etapa se centrarán en los elementos más expuestos de las viviendas y serán ejecutados por empresas especializadas en la manipulación de residuos peligrosos.

Según informan medios como El Periódico, las intervenciones se realizarán mediante sistemas de confinamiento con depresión de aire para impedir la dispersión de fibras nocivas en el entorno durante las labores de desmontaje.

De forma paralela a esta primera intervención, las administraciones municipal y autonómica trabajan en la tramitación de una segunda fase proyectada para otras 38 comunidades de vecinos. En este segundo bloque, las obras requerirán la retirada completa de las cubiertas de los inmuebles y su posterior sustitución por estructuras aislantes de alta eficiencia energética.

El proyecto cuenta con un presupuesto inicial de 4,4 millones de euros aportados por la Agència de Residus de Catalunya y coincide con la entrada en vigor de la normativa catalana para la erradicación total del amianto con el horizonte en 2032.

Diversas fuentes señalan que la ejecución completa del plan permitirá resolver una demanda histórica de los vecinos y sentar un precedente en la gestión de este material a escala europea.

Conozca más sobre el Amianto en Badia del Vallès aquí.

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Se espera identificar cubiertas de fibrocemento con una precisión mínima del 90% y así cumplir con los plazos de la Ley 7/2022

Málaga utilizará imágenes de satélite y algoritmos de inteligencia artificial para localizar los edificios y estructuras que puedan contener amianto en todo el municipio. La tecnología será una de las principales herramientas con las que el Ayuntamiento elaborará su censo de este material, un inventario destinado a determinar dónde se encuentra, establecer prioridades y programar su retirada durante los próximos seis años.

Según ha informado Diario Sur, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha puesto 29.282 euros en manos de una empresa especializada en la elaboración del censo y el respectivo calendario de retirada, que dispondrá de cuatro meses para realizar el trabajo. Los técnicos analizarán imágenes obtenidas por satélite mediante algoritmos de inteligencia artificial capaces de identificar estructuras de fibrocemento, con un objetivo mínimo de precisión del 90%.

Esta primera identificación permitirá dibujar el mapa municipal de edificaciones con presencia del material y clasificarlas según distintos factores de riesgo. El censo tendrá en cuenta aspectos como la antigüedad y el tamaño de los edificios, así como su proximidad a espacios frecuentados por la población más vulnerable.

De este modo, tendrán prioridad los inmuebles situados cerca de colegios, centros sanitarios y residencias . La información obtenida mediante satélite no servirá únicamente para contabilizar posibles cubiertas o elementos con amianto, sino también para ordenar las actuaciones que deberán realizarse posteriormente.

El censo se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que ha llevado a las administraciones locales a identificar el amianto existente en sus municipios y planificar su eliminación. En el caso de Málaga, la utilización de imágenes de satélite e inteligencia artificial permitirá abordar esa identificación a escala de toda la ciudad antes de determinar dónde es necesario intervenir.

El trabajo tecnológico se complementará con inspecciones sobre el terreno. Según la información publicada por Diario Sur, los técnicos realizarán tomas de muestras físicas en diez inmuebles municipales, donde revisarán tanto las cubiertas como las redes de tuberías de agua.

Además, la empresa encargada deberá calcular cuánto costaría retirar el amianto de cada instalación municipal y proponer la solución más adecuada en cada caso. Entre las alternativas contempladas figuran la retirada completa del material o su encapsulado, en función de las características de cada emplazamiento.

El objetivo del Ayuntamiento es completar la eliminación de las cubiertas y otros elementos constructivos con amianto en el municipio en un horizonte de seis años. La planificación responde a los plazos establecidos para la retirada de los materiales de mayor riesgo en edificios públicos y para avanzar posteriormente sobre los inmuebles privados.

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La Guardia Civil investiga a tres personas por la retirada irregular de placas de uralita con amianto que, en lugar de ser entregadas en un vertedero autorizado, habrían terminado abandonadas a la intemperie en un olivar de la provincia de Cuenca.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona), que detuvieron a los tres investigados como presuntos responsables de varios delitos en la provincia de Madrid . Además del posible delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, se les atribuyen estafa, intrusismo profesional y falsedad documental.

La investigación se remonta a abril de 2026. Entonces, la denuncia de un particular por posibles irregularidades durante la retirada de una cubierta de fibrocemento puso a los agentes sobre la pista de una empresa ubicada en Alcalá de Henares, en Madrid.

Según El Economista, la compañía ofrecía trabajos de retirada de uralita en diferentes provincias presentándose como una empresa autorizada para realizar este tipo de actuaciones. Sin embargo, después de cobrar por los servicios, presuntamente no entregaba a sus clientes los certificados que acreditaban la correcta gestión de un residuo especialmente sensible por la presencia de amianto.

Las comprobaciones realizadas por el Seprona permitieron reconstruir el recorrido de las placas retiradas. Los residuos no habrían llegado a ningún centro autorizado para su tratamiento. En su lugar, fueron localizados en una finca de olivos que no pertenecía a los responsables de los trabajos.

Los investigadores también detectaron, según reportes de la Guardia Civil citados en la prensa, el uso de datos falsos en facturas y otros documentos con los que se habría intentado dar apariencia de legalidad tanto a la retirada como al posterior tratamiento de los residuos.

El caso ha quedado ahora en manos de la Justicia. Las diligencias y los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de San Clemente, en la provincia de Cuenca.

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Tras cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, el Ayuntamiento de Alicante todavía no dispone del censo de amianto en instalaciones y edificios del municipio, ni del correspondiente calendario para su eliminación.

Dicha normativa exige a los ayuntamientos españoles inspeccionar y registrar en un censo todos los inmuebles —tanto públicos como privados— que aún contengan este material, para así proceder a su desmontaje. El asbesto, como también se le conoce, es un agente cancerígeno confirmado cuya comercialización y uso se prohibió en toda España en 2002.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establecía en su disposición adicional decimocuarta que todos los municipios debían contar con dicho censo para finales de 2023.

Ante la dificultad generalizada para cumplir con ese margen, el plazo de retirada se amplió hasta 2028. En Alicante, sin embargo, los trabajos para la elaboración del mapa de localización siguen pendientes a pesar de la cercanía del nuevo horizonte temporal.

Espacios públicos como el centro socioeducativo Divina Pastora o el centro social El Moralet aún presentan elementos constructivos con amianto, según denunció el concejal socialista Raúl Ruiz en declaraciones a la Cadena SER. Desde la oposición insisten en la urgencia de ejecutar el censo para evaluar la cantidad total de asbesto en la ciudad y garantizar una retirada controlada y segura que elimine el riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Por su parte, la Cadena SER recoge las declaraciones del vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien asegura que el consistorio ya trabaja en la confección de este inventario y en la planificación de su retirada conforme a criterios técnicos, aunque admite que todavía no hay una fecha concreta para su finalización.

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El Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, municipio situado en la isla de Ibiza, ha abierto una convocatoria de subvenciones destinada a la retirada de materiales que contengan amianto.

La convocatoria fue publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) el pasado 20 de agosto y establece un plazo de 20 días naturales para presentar las solicitudes, que finalizará el próximo 9 de septiembre de 2026.

La convocatoria dispone de un fondo de 5.000 euros y ofrece ayudas de hasta 20 euros por metro cuadrado de cubierta de amianto, con un máximo de 500 euros por beneficiario, reporta Periódico de Ibiza.

Las subvenciones están dirigidas a propietarios de inmuebles con elementos constructivos que contengan este material, ya sean personas físicas, jurídicas o comunidades de vecinos. El objetivo es fomentar que los inmuebles del municipio gestionen los residuos peligrosos de amianto de forma correcta y segura.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia pública no competitiva, es decir, se otorgarán por orden de presentación de las solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible. Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicutud incluido en la convocatoria oficial y presentarlo en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja o a través de cualquiera de los medios admitidos legalmente.

Descargue el formulario de solicitud aquí

Esta convocatoria de ayudas se anuncia junto con otro régimen de subvenciones destinado a impulsar la rehabilitación y conservación de elementos patrimoniales del municipio, que estará vigente durante el mismo periodo y se tramitará de forma paralela. En conjunto, ambas convocatorias cuentan con un fondo de 35.000 euros.

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