La mayoría de los ayuntamientos guipuzcoanos aún no ha presentado la documentación exigida por la Ley 7/2022, que establece 2028 como fecha límite para gestionar las instalaciones públicas con mayor riesgo.

Solo 29 de los 88 municipios de Gipuzkoa han comunicado los resultado de sus respectivos censos de instalaciones y emplazamientos con amianto al Gobierno Vasco según una información publicada por El Diario Vasco.

Los datos proceden de una respuesta del consejero Mikel Jauregi a una pregunta parlamentaria de Álvaro Gotxi, del Partido Popular. No obstante, el Ejecutivo autonómico desconoce si algunos de los municipios pendientes de comunicar sus censos ya los han elaborado. Un total de 59 queda pendiente de presentar la documentación al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.

La cifra refleja un avance respecto a finales de 2024, cuando únicamente tres ayuntamientos de la provincia vasca habían presentado esta documentación. Sin embargo, menos de un tercio de las localidades de la provincia figura entre las que han remitido sus inventarios con vistas a la fecha límite, en 20228, establecida por la ley 7/2022.

Eibar y Hondarribia, entre los municipios pendientes

Entre los 29 ayuntamientos que han comunicado sus censos se encuentran Donostia, Irun, Errenteria, Zarautz, Tolosa, Hernani, Arrasate, Andoain y Azpeitia.

También figuran Asteasu, Astigarraga, Beasain, Deba, Elgoibar, Ezkio-Itsaso, Hernialde, Idiazabal, Ikaztegieta, Legazpi, Lizartza, Mendaro, Olaberria, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Urretxu, Usurbil y Zumarraga.

Por el contrario, municipios de considerable población, como Eibar y Hondarribia, no aparecen entre los que han presentado la documentación al departamento autonómico.

Una obligación legal vigente desde 2022

La elaboración de estos censos responde a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que estableció un calendario para identificar y retirar progresivamente el amianto presente en todos los municipios españoles.

La primera obligación consistía en localizar las instalaciones con amianto, tanto públicos como privados, y elaborar un censo acompañado de un calendario de retirada. Los ayuntamientos disponían hasta abril de 2023 para preparar esta documentación, desde la entrada en vigor de la ley. Ambos documentos deben ser públicos y remitirse a las autoridades autonómicas en materia sanitaria, medioambiental y laboral.

Una vez identificadas las instalaciones afectadas, la ley establece que la retirada debe planificarse según la peligrosidad del material y la exposición de la población más vulnerable. En este contexto se enmarca el segundo plazo, que establece que las instalaciones y emplazamientos públicos con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028.

De esta manera, los censos municipales no constituyen solo una obligación administrativa, sino el punto de partida para determinar dónde se encuentra el amianto, evaluar los riesgos y organizar las actuaciones de retirada.

Fuentes: Información publicada en El Diario Vasco. Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

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Las ayudas podrán cubrir hasta el 100 % de los gastos de retirada y también financiar trabajos ya realizados. El plazo de solicitud se abrirá el 17 de noviembre y finalizará el 17 de diciembre de 2026.

La Generalitat de Cataluña ha aprobado una nueva convocatoria de subvenciones dotada con 669.016 euros para retirar cubiertas de amianto dañadas por episodios meteorológicos extremos. Las ayudas, gestionadas por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC), podrán financiar la totalidad de los gastos subvencionables e incluyen las retiradas que ya se hayan efectuado.

La convocatoria fue aprobada mediante una resolución del 6 de noviembre de 2026 y está dirigida a actuaciones en las zonas afectadas por los fenómenos meteorológicos recogidos en el informe de Meteocat del 23 de octubre de 2026. Su finalidad es facilitar la eliminación de los residuos de fibrocemento deteriorados por estos episodios y reducir los riesgos que supone este material para la salud pública.

El presupuesto inicial de 669.016 euros podrá ampliarse si existe disponibilidad de crédito. Además, las subvenciones se concederán mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, de acuerdo con las condiciones establecidas en las bases reguladoras.

Ayudas de hasta el 100 %, también para retiradas ya realizadas

La subvención contempla los gastos de limpieza, retirada, transporte y tratamiento de los residuos de amianto procedentes de las cubiertas afectadas. La financiación podrá alcanzar el 100 % del presupuesto subvencionable, aunque la cantidad concedida no podrá superar el coste de la actuación, incluso cuando concurran otras ayudas.

Una de las particularidades de esta convocatoria es que también permite solicitar financiación por trabajos de retirada ya ejecutados. Para ello, las actuaciones deberán encontrarse dentro de la fecha del episodio meteorológico reconocido por Meteocat y cumplir los requisitos de justificación.

No obstante, las ayudas no cubrirán los materiales de construcción utilizados para sustituir las cubiertas retiradas. Tampoco será subvencionable el IVA cuando el beneficiario pueda deducírselo.

¿Qué requisitos deben cumplir los solicitantes?

Para acceder a las ayudas será necesario acreditar los daños sufridos por las cubiertas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos incluidos en el ámbito de la convocatoria.

La solicitud deberá acompañarse de una memoria descriptiva del inmueble, fotografías de los desperfectos y un presupuesto de los trabajos pendientes o una factura, si la retirada ya se ha realizado.

En ambos casos, la documentación económica deberá proceder de una empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) e indicar expresamente los metros cuadrados de cubierta afectados. También será necesario acreditar la propiedad del inmueble y aportar la documentación adicional que corresponda según el tipo de solicitante.

La convocatoria establece, además, que el tratamiento de los residuos deberá realizarse a través de gestores inscritos en el registro correspondiente de Cataluña.

Un mes para solicitar las subvenciones

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 17 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas, y permanecerá abierto hasta el 17 de diciembre, a las 14:00 horas.

Los trámites deberán realizarse por vía telemática, mediante los formularios habilitados por la Generalitat.

Según la resolución, las actuaciones podrán ejecutarse desde la fecha del fenómeno meteorológico causante de los daños hasta doce meses después de la concesión de la subvención. Los beneficiarios dispondrán de trece meses desde la resolución definitiva para justificar los gastos.

Entre los documentos exigidos para la justificación figuran las facturas y justificantes de pago, la documentación que acredite la correcta gestión de los residuos y la resolución de aprobación del plan de trabajo emitida por la autoridad laboral. También deberá presentarse una declaración responsable de que ningún seguro cubre la actuación subvencionada por los daños ocasionados por las tormentas.

Con esta convocatoria, Cataluña busca facilitar la retirada de cubiertas de fibrocemento afectadas por fenómenos meteorológicos excepcionales, mediante una financiación que contempla tanto las intervenciones pendientes como las ya realizadas.

Accede a la convocatoria de la Generalitat de Catalunya aquí.

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La Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) se concentró ante los juzgados de Donostia durante la celebración del juicio para denunciar la falta de prevención frente a sustancias cancerígenas en el trabajo.

La familia de un trabajador fallecido por mesotelioma pleural, una enfermedad asociada a la exposición al amianto, reclama 206.492 euros de indemnización a siete empresas en las que desarrolló su actividad laboral.

La demanda, dirigida contra CAF, Volkswagen Navarra, Azpeitia Hermanos, Plásticos ABC Sapin, Montajes Nadur y Koxka, fue abordada en un juicio celebrado en el Juzgado de lo Social número 4 de Donostia (San Sebastián).

Coincidiendo con el juicio, varios miembros de la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie) se concentraron ante el Palacio de Justicia de San Sebastián para mostrar su apoyo a la familia y reclamar medidas preventivas más rigurosas frente a las sustancias cancerígenas en los centros de trabajo.

Un informe médico apunta al origen laboral de la enfermedad

El trabajador, identificado con las iniciales H.B.S., prestó servicio como tornero en CAF entre 1974 y 1986. En septiembre de 2024 fue diagnosticado de mesotelioma pleural en el Hospital Universitario de Navarra.

En febrero de 2025, el Servicio Navarro de Salud Laboral emitió un informe sobre la enfermedad y su posible origen profesional, en el que se examinaban las actividades desempeñadas por el afectado en las distintas empresas.

Según ha explicado Asviamie a Noticias de Guipúzcoa, el informe consideró probable que el mesotelioma estuviera relacionado con la exposición laboral al amianto durante su trayectoria profesional.

La asociación sostiene que, durante los años en los que el trabajador estuvo empleado en CAF, el amianto se utilizaba como aislante en el montaje de vagones ferroviarios. Aunque su puesto se encontraba a unos 330 metros de la zona donde se realizaban estas operaciones, la organización considera que las fibras podían dispersarse por el ambiente de la nave.

Asviamie también señala que el trabajador debía cepillar botones de baquelita en la sección de enganchadores, piezas que, según la asociación, contenían amianto entre sus componentes.

Asviamie denuncia la ausencia de protección frente al amianto

Durante la concentración, el portavoz de Asviamie, Jesús Uzkudun, explicó al citado medio que el fallecido no trabajaba directamente con amianto, pero sí en una nave abierta en la que, según su testimonio, el polvo podía propagarse por el entorno laboral.

La asociación sostiene que la exposición se produjo sin las medidas preventivas y de protección legalmente exigibles, una circunstancia que fundamenta la reclamación económica presentada por la familia.

Uzkudun también cuestionó la posición de CAF respecto al posible origen de la exposición, al señalar que el trabajador había prestado servicio en otras empresas. La determinación de las responsabilidades corresponde ahora al procedimiento judicial.

Críticas a la gestión de las enfermedades profesionales

La movilización también sirvió para denunciar las dificultades que, según Asviamie, afrontan las personas afectadas por enfermedades relacionadas con el amianto.

Su portavoz criticó la demora de la Seguridad Social en la resolución de determinados expedientes de trabajadores enfermos, especialmente en casos de patologías terminales.

Los participantes desplegaron una pancarta en la que podía leerse: «El problema existe. El amianto mata. El asesino silencioso».

La reclamación de la familia vuelve a poner de manifiesto las consecuencias que puede tener la exposición al amianto décadas después de producirse y sitúa nuevamente la prevención de los riesgos laborales en el centro del debate.

Fuente: Información publicada por Noticias de Gipuzkoa sobre la reclamación judicial y la concentración de Asviamie ante los juzgados de Donostia.

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La Diputación de Palencia ha concedido 210.608 euros en subvenciones para retirar cubiertas con amianto de edificios e instalaciones públicas de 16 entidades de la provincia. Las ayudas permitirán sustituir las antiguas estructuras de fibrocemento por nuevas cubiertas libres de este material, mediante actuaciones ejecutadas por empresas especializadas.

La resolución, publicada el 29 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia, distribuye 205.208 euros entre 15 ayuntamientos y otros 5.400 euros a la Junta Vecinal de Valdecañas de Cerrato, según informó Cadena SER el pasado 30 de octubre.

Instalaciones deportivas, naves y edificios públicos

Las actuaciones previstas abarcan diferentes inmuebles de titularidad municipal. Entre ellos se encuentran el graderío del campo de fútbol de Guardo, el antiguo matadero municipal de Osorno la Mayor, varios locales públicos de Aguilar de Campoo y el albergue de Villada.

Las subvenciones también alcanzan a la nave polivalente de Abia de las Torres, la nave municipal de Mazariegos, el punto limpio de Villarramiel, las aulas musicales de Venta de Baños y el edificio de usos múltiples de Valdecañas de Cerrato.

Los proyectos contemplan la retirada de las cubiertas que contienen amianto y su sustitución por otras nuevas con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y salubridad de estos inmuebles públicos.

Hasta el 80 % de financiación para retirar amianto

La convocatoria establece dos porcentajes de financiación según el tipo de actuación. Para los trabajos de retirada de amianto, las ayudas podrán cubrir hasta el 80 % del coste, con un límite de 20 euros por metro cuadrado. En el caso de la instalación de nuevas cubiertas, la subvención alcanzará hasta el 50 % del importe, con un máximo de 40 euros por metro cuadrado.

La Diputación exige que las operaciones de retirada sean realizadas por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), conforme a las disposiciones de seguridad y salud establecidas por la ley. Las nuevas cubiertas deberán ser resistentes, transitables y, por supuesto, estar libres de amianto.

Una medida vinculada a la revitalización rural

La iniciativa se integra en la Medida Estratégica 6 del Plan de Acción de la Agenda Rural frente al Reto Demográfico de la Diputación de Palencia, orientado a la regeneración y revitalización de los municipios de la provincia.

Con esta línea de subvenciones, la institución provincial pretende facilitar la renovación de infraestructuras municipales y avanzar en la eliminación del amianto de los edificios públicos, reduciendo los riesgos asociados a este material para la salud y el medio ambiente.

Fuentes: Cadena SER, Radio Palencia (30 de octubre de 2026) y Portal oficial de la Diputación de Palencia.

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El pasado 23 de Octubre se publicó en el BOE el RD 847/2026, una normativa que actualiza los requisitos normativos y preventivos para la manipulación de amianto, una legislación que sale 20 años después.

Ahora bien, esta nuevo real decreto ha centralizado y resuelto múltiples incógnitas que debían cumplimentarse por la Guía técnica para la Evaluación y Prevención de los riesgos relacionados con la exposición de amianto, pero ha suscitado múltiples dudas sobre las empresas que llevan trabajando el amianto previamente a la aprobación de esta legislativa.

Sin más dilación, en este artículo dejamos las principales diferencia del RD 847/2026 frente al RD 396/2006.

¿Qué cambia la nueva ley del amianto frente al RD 396 2006?

Ámbito de aplicación

Se ha añadido el ámbito de aplicación siguiente:

«…Todas aquellas otras actividades no contempladas en las letras anteriores, en las que la manipulación de materiales que contengan amianto pueda implicar riesgo de liberación de fibras de amianto al ambiente de trabajo.»

Es decir, ya no solo abarca la normativa del amianto a los operarios que manipulen la uralita, sino también aquellos que puedan estar potencialmente expuestos a ello.

Planes de trabajo

En el RD 396 2006 existía una exención de presentación de planes de trabajo para los trabajos de:

a) En actividades cortas y discontinuas de mantenimiento durante las cuales solo se trabaje con materiales no friables,
b) En la retirada sin deterioro de materiales no degradados en los que las fibras de amianto estén firmemente unidas en una matriz.
c) En la encapsulación y en el sellado de materiales en buen estado que contengan amianto, siempre que estas operaciones no impliquen riesgo de liberación de fibras.
d) En la vigilancia y control del aire y en la toma de muestras para detectar la
presencia de amianto en un material determinado.

Con esta nueva ley, todas estas actividades deben presentar un plan de trabajo, teniendo únicamente exención la notificación de trabajo previo.

Por otro lado, se ha solventado la existencia y uso del plan de trabajo genérico, añadiendo el concepto de «pequeña entidad», que tampoco define la capacidad en metros o kilos, sin embargo, se extralimita a trabajos que duren menos de una jornada laboral, 4 horas, y un máximo de 16 horas, es decir, los planes generales se extienden a 4 trabajadores en una única jornada laboral.

También se ha centralizado la existencia de los planes generales, ahora mencionando la existencia de los planes de transporte, planes de mediciones y planes de emergencia, que antes quedaba superditado a la opinión de la autoridad laboral, como se define en el artículo 11.4 :

«b) Que se trate de transporte de residuos que contengan amianto, de almacenamiento temporal o eliminación de residuos en vertederos autorizados.
c) Que se trate de toma de muestras o análisis para la identificación de materiales con amianto o para la vigilancia y control del aire, cuando se requiera el acceso a la zona de trabajo o se pueda dar lugar a la liberación de fibras.
d) Que resulten trabajos no programables con antelación asociados a situaciones debidamente justificadas de urgencia y limitados exclusivamente al tiempo necesario para controlar la situación que ha motivado dicha urgencia.»

Evaluación higiénica

El límite de exposición ha pasado de 0,1 fibras cm³, frente al 0,01 que establecía el antiguo decreto, una reducción de 10 veces más. Además, se inserta la microscopía electrónica frente a la microscopía óptica de contraste de fases, lo que permite la identificación de fibras más pequeñas.

Esto significa, que las condiciones de trabajo para la manipulación de amianto son mucho más estrictas, pudiendo obligar en algunos casos a emplear glove bag para la extracción de bajantes o procedimientos de limpiezas en el ambiente más asiduos.

Comunicación de inicio de los trabajos

Previamente cada Comunidad Autónoma tenía períodos distintos en los planes generales, unos 48 horas, 72 horas o 7 días. Esta nueva normativa los deja en 7 días para todas las CCAA.

Formación obligatoria

En realidad, no ha cambiado nada, ya que aunque el Real Decreto 396 2006 mencionaba la formación obligatoria de por sí, pero no especificaba los requisitos del mismo, ahora, se ha especificado en el anexo II que debe estar reglada y debe ser teorico práctico, así como el formador debe tener una formación superior y los conocimientos necesarios para realizarlos.

También se añade un elemento que debe formarse especificamente para el uso de medios y utensilios especializados en el amianto.

Aunque esto no viniera antes, normalmente si lo exigia la autoridad laboral amparándose en la normativa UNE.

Acreditación del RERA

Este es quizás uno de los cambios más relevantes. Uno de los principales problemas que existía con este registro, era que cualquier empresa solo rellenaba el formulario y ya pensaba que podía trabajar en el amianto, y ya no solo eso, sino que la lista añadia empresas, pero no las quitaba.

La idea del cambio normativo, es que la lista esté actualizada, obligando a las empresas a renovarlo cada 3 años, demostrando que ha trabajado en el amianto durante los últimos 6 meses.

Por otro lado, pasado 6 meses de la aprobación de esta ley, es decir, en Abril de 2027, las empresas deberan demostrar que han trabajado en el amianto para renovar su acreditación.

Entrega de los Anexos IV

Cuando se finaliza una obra por medio del plan específico, debe hacerse entrega del llamado «Anexo IV», que indica la exposición que han sufrido los trabajadores por medio de mediciones. El plazo sigue siendo 3 meses después de finalizar, pero con los planes generales ahora se indica que deben presentarse en los primeros 3 meses de cada año, y antes solo se indicaba «antes del final de cada año».

Existen más cambios, pero los que se ha mencionado son los relevantes, el resto, son cosas que ya se estaban pidiendo aunque no estuvieran en la normativa, como la prueba de estanqueidad en el uso de la protección respiratoria, o el uso de medidas de protección y prevención más concretas.

Vigilancia médica

La entrega de la vigilancia sanitaria de los trabajadores ya no se entrengan «antes del final de cada año», sino durante el primer trimestre de cada año. Es decir, un plazo de entrega coherente y limitante.

Identificación de los materiales con amianto en edificios

Esto es completamente nuevo, y se ha añadido con el objetivo de evitar el amianto por «accidente» que se solía encontrar en una reforma, y se tendía a parar la obra… o tirar el amianto en cualquier lado.

El objetivo es que antes de cualquier demolición o rehabilitación, se pueda demuestre que la empresa que lo haga haya hecho todo lo posible por demostrar que ahí no habia amianto antes de empezar en los edificios previos al 2003, o sino, que contrate a alguien para que lo haga.

Aunque la normativa lo especifica, no parece tampoco que haya forma que se demuestre que esto se haya hecho, porque no especifica ningún tipo de acreditación para hacerlo.

Dudas que establece la actual normativa

No parece que esta legislación obligue a los empresarios a tener que renovar los planes de trabajo generales previamente aprobados, lo que genera una duda legislativa bastante importante, ya que:

A) En Andalucia el plan general llegaba a 2 días laborales la existencia del plan genérico. ¿Esa ventaja sigue existiendo por tener la sede de la empresa en el sur?

B) Los antiguos planes estaban establecidos por el protocolo del RD 396 / 2006, y un VLA del 0,1. ¿Las empresas con planes generales aprobados previos a esta ley no requieren del uso de esta normativa?.

C) ¿Los informes de evaluaciones higiénicas previos quedan extintos? Con esto nos referimos a los grupos GES que hayan realizado informes preliminares con el VLA del 0,01, frente a los actuales.

D) ¿Ahora en todas las Comunidades Autónomas se requiere plan de transporte? Previamente, esto no ocurría por la interpretación relativa de cada Autoridad Laboral, ya que, el amianto muchos la consideraban como no peligrosa cuando se encontraba en estado de «bulto» en el vehículo del transportista, ya que estaba encapsulada y envasada, no estando incluida en el ADR.

Asesoramiento y consultoría

Si necesitas que nos encarguemos de los trámites, planes de trabajo o un asesoramiento sobre la nueva normativa, puedes contactar con nosotros por medio de la consultoría de amianto.

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La Ley catalana para la erradicación del amianto, vigente desde el 3 de octubre tras su aprobación en el Parlament el pasado mes de julio, se enfrenta a un escenario de incertidumbre.

El Gobierno central ha notificado sus objeciones sobre siete artículos de la norma por posible invasión de competencias estatales, lo que ha llevado a la Generalitat a activar la vía de la Comisión Bilateral el pasado 29 de septiembre.

Esta medida abre un periodo formal de negociación de seis meses para tratar de evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional, un proceso cuyo desenlace coincide ahora con el adelanto electoral convocado para el próximo 29 de noviembre, tal como ha dado a conocer el diario El País.

Las objeciones planteadas por el Ministerio de Política Territorial atañen a apartados neurálgicos de la normativa (en concreto, los artículos 10, 11, 31, 33, 35, 36 y 47). Según la información publicada por el citado periódico, estos puntos regulan aspectos fundamentales para la actividad profesional del sector, tales como:

• Las obligaciones que deben cumplir las empresas y los profesionales que gestionan la retirada de materiales con amianto
• Los criterios para la creación de un registro específico de estas compañías
• La exigencia de notificar la presencia de este material a los responsables del nuevo Censo catalán de amianto.

El Ministerio ha objetado los preceptos referidos a las condiciones fijadas para el almacenamiento y depósito de los residuos contaminados.

Pese a este conflicto normativo, ambas administraciones decidieron no elevar el pleito de manera inmediata al Tribunal Constitucional y recurrir a los mecanismos prelegislativos de concertación.

La decisión aprobada en el Consell Executiu busca acercar posiciones y flexibilizar el redactado de los artículos cuestionados. De acuerdo con las fuentes del Govern citadas por El País, la discusión se mantiene en un plano estrictamente técnico y no político, por lo que la administración autonómica confía en alcanzar un acuerdo que preserve el espíritu de una ley pionera en España.

El texto legal de la Generalitat contempla un plan de actuación de gran alcance para el tejido económico y de la construcción en Cataluña, con una inversión estimada de 20 millones de euros anuales destinados a la retirada y tratamiento posterior de este material nocivo.

El objetivo final fijado en el texto es la eliminación progresiva de cerca de cuatro millones de toneladas de amianto presentes en edificaciones e instalaciones del territorio catalán.

Este escenario de diálogo para adecuar el marco legal de la retirada de residuos peligrosos no es un caso aislado. Conforme detalla El País, la negociación se suma a las conversaciones que mantienen ambas administraciones para resolver objeciones similares en otros textos legales catalanes, como la ley contra la LGTBIfobia o el Decreto Ley 3/2026 sobre urbanismo y vivienda.

Consulte: El Parlament de Catalunya aprueba por unanimidad histórica ley para retirar amianto

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a Radiotelevisión Española (RTVE) a indemnizar con 500.000 euros a la familia de un antiguo trabajador fallecido por un cáncer de pulmón relacionado con su exposición al amianto.

La sentencia considera acreditados diversos incumplimientos de las obligaciones de prevención de riesgos laborales durante las casi tres décadas en las que el empleado trabajó en la empresa, y atribuye a RTVE la responsabilidad por las consecuencias de la enfermedad profesional, asegura EFE.

El empleado trabajó entre 1977 y 2007 realizando labores técnicas y de mantenimiento en las instalaciones de Prado del Rey, en Madrid, periodo en el que estuvo expuesto al amianto utilizado como aislamiento acústico en varios edificios del complejo, construidos durante las décadas de 1970 y 1980.

En concreto, los estudios 10 y 11, donde desarrollaba su actividad, no quedaron completamente libres de amianto hasta junio de 2008, un año después de que el trabajador dejara de prestar sus servicios.

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El hombre falleció en 2022, a los 69 años, como consecuencia de un adenocarcinoma de pulmón. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ya había reconocido que la enfermedad tenía origen profesional y estaba relacionada con la exposición al amianto.

RTVE no acreditó las medidas de prevención necesarias

Uno de los aspectos centrales de la sentencia es la responsabilidad de la empresa en la protección de sus trabajadores.

La Sala de lo Social del TSJM recuerda que, ante una enfermedad profesional, corresponde a la empresa acreditar que adoptó las medidas necesarias para prevenir los riesgos laborales derivados de la exposición al amianto, de acuerdo con La Vanguardia.

El tribunal concluye que RTVE no consiguió demostrar que hubiera cumplido las obligaciones preventivas exigibles frente a este riesgo. Además, considera acreditados diversos incumplimientos de la normativa de seguridad y salud laboral durante los años en los que el empleado trabajó en sus instalaciones.

La condena establece una indemnización de 200.000 euros para la viuda y 100.000 euros para cada uno de sus tres hijos, hasta alcanzar un total de medio millón de euros.

El caso refleja las graves consecuencias que puede tener la exposición laboral al amianto, cuyos efectos sobre la salud pueden manifestarse décadas después. La sentencia también pone de manifiesto la importancia de las medidas de prevención y de las responsabilidades que pueden derivarse de su incumplimiento.

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Desde 2018, la institución ha retirado 64 toneladas de materiales con amianto de los inmuebles de su propiedad. Quedan algo más de 10 toneladas pendientes, que prevé eliminar antes de que finalice 2028.

La Diputación de Barcelona avanza en la eliminación del amianto presente en su patrimonio inmobiliario. Desde 2018 ha retirado más del 80 % del material identificado en sus edificios, lo que supone un total de 64 toneladas, según los datos publicados por la propia institución el 5 de octubre.

El trabajo, sin embargo, todavía no ha terminado. La Diputación mantiene identificadas algo más de 10 toneladas pendientes de retirada y se ha marcado como objetivo completar su eliminación antes de finalizar 2028.

Amianto y patrimonio en la Escola Industrial

Entre las actuaciones pendientes se encuentra la retirada del amianto presente en el mural de mosaico de la Escola Industrial de Barcelona, una obra realizada en 1968 por el artista Armand Olivé Milian y que está considerada una pieza de valor patrimonial.

La intervención requiere primero el desmontaje de la obra y la retirada de todo el asbesto y luego su restauración y reinstalación en el mismo edificio, según explica la Diputación.

El caso muestra una de las dificultades que pueden aparecer en determinados trabajos de desamiantado: el material que debe eliminarse puede formar parte de construcciones o elementos que, al mismo tiempo, deben conservarse. La intervención debe permitir retirar el amianto sin perder de vista la protección del elemento patrimonial.

El propio recinto de la Escola Industrial constituye un conjunto de especial interés arquitectónico. La antigua fábrica Batlló ocupa cuatro manzanas del Eixample y conserva diferentes edificios y elementos vinculados a su pasado industrial.

¿Significa esto que Barcelona ha eliminado el 80 % de su amianto?

No. Y esta es una distinción importante.

El porcentaje anunciado por la Diputación de Barcelona se refiere al amianto localizado en edificaciones de su propiedad. No significa que se haya retirado el 80 % del amianto existente en la ciudad de Barcelona ni en el conjunto de la provincia.

De hecho, el mapa de cubiertas de fibrocemento elaborado por la Generalitat de Catalunya identificó en la ciudad 2.042 cubiertas de este material, con una estimación conjunta de 17.716,01 toneladas de fibrocemento. Barcelona era, según los datos publicados con esta cartografía, el municipio catalán con mayor cantidad estimada.

No existen datos oficiales de cuánto amianto se ha logrado retirar hasta la fecha ni la proyección para hacerlo en los próximos años, aunque Cataluña emprende diferentes acciones encaminadas a ello, como la recién aprobada Ley de Erradicación del Amianto, que entró en vigor el pasado 3 de octubre de 2026.

La cartografía fue elaborada a partir de imágenes aéreas tratadas mediante inteligencia artificial y supervisadas por técnicos. Al tratarse de una identificación de cubiertas de fibrocemento mediante teledetección, los propios datos admiten posibles imprecisiones: puede haber cubiertas no detectadas y elementos identificados como fibrocemento que finalmente no contengan amianto.

Por tanto, las dos cifras responden a realidades diferentes: las 64 toneladas retiradas y las algo más de 10 pendientes corresponden al patrimonio inmobiliario de la Diputación de Barcelona, mientras que las 17.716,01 toneladas son la estimación de fibrocemento localizado en cubiertas del conjunto de la ciudad de Barcelona.

La actuación de la Diputación representa así el avance conseguido dentro de sus propios edificios, pero no debe confundirse con la situación general del amianto en Barcelona.

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El portal inmobiliario Idealista ha alertado de la incertidumbre que está generando en el sector la entrada en vigor, el próximo 3 de octubre, de la nueva Ley de Erradicación del Amianto en Cataluña, que exige la entrega de un certificado de presencia o ausencia de este material para determinadas operaciones de venta y alquiler de inmuebles.

Según recoge Idealista/news, notarios, registradores, entidades financieras y agentes inmobiliarios afrontan la aplicación de la medida con dudas sobre cómo deberá incorporarse el certificado de amianto a las operaciones inmobiliarias y qué consecuencias puede tener su ausencia en el momento de formalizar una compraventa o un arrendamiento.

La exigencia está contemplada en la Ley 8/2026 de erradicación del amianto en Cataluña. Sin embargo, la propia norma dispone de un plazo para su posterior desarrollo reglamentario, lo que ha dejado pendientes algunos aspectos prácticos de su aplicación.

Idealista recoge, entre otras, la preocupación expresada por representantes del Colegio Notarial de Cataluña y del Colegio de Registradores de España ante la posibilidad de que la falta del certificado pueda dificultar temporalmente algunas operaciones. El sector espera que la Generalitat concrete los criterios de aplicación para aportar mayor seguridad jurídica.

¿Qué debe indicar el certificado?

Mientras se desarrolla el reglamento, la Agencia de Residuos de Cataluña ha publicado unas indicaciones básicas sobre el documento. Según recoge la información de Idealista, el certificado deberá acreditar, como mínimo, la presencia o ausencia de amianto visible, el estado de conservación de los materiales que puedan contenerlo y el riesgo que estos puedan representar para las personas.

La Agencia también ha elaborado un modelo básico de certificado que, mientras no exista un desarrollo reglamentario definitivo, puede ser emitido por profesionales de arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería e ingeniería técnica dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

Cuestiones todavía pendientes

La noticia publicada por Idealista también señala que siguen existiendo dudas sobre el alcance exacto de la obligación, los inmuebles afectados, las operaciones en las que deberá aportarse el documento y el coste que tendrá su obtención.

Por ello, los distintos actores del mercado permanecen pendientes de las directrices que pueda publicar la Generalitat para concretar la aplicación de la nueva normativa.

Fuente: información publicada por Idealista/news el 30 de septiembre de 2026.

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El Ayuntamiento de Cabra, municipio de la provincia de Córdoba, ha concluido los trabajos de gestión de materiales con amianto en tres inmuebles de gran envergadura de la localidad.

Los trabajos han consistido en la retirada de cubiertas de uralita (fibrocemento con amianto) y su posterior sustitución por otros elementos constructivos inocuos para la salud de las personas.

Las actuaciones se han llevado a cabo en el Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’, el Cementerio Municipal ‘San José’ y el Centro de Interpretación del Tren del Aceite, tres espacios de importancia cultural y social para el municipio.

Según la información difundida por el Ayuntamiento, estos trabajos forman parte del plan de retirada de amianto resultante de la elaboración del censo municipal de instalaciones con presencia de este material.

La actuación se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que establece obligaciones para los ayuntamientos en materia de localización y retirada de amianto.

De acuerdo con el Diario de Córdoba, el Consistorio de Cabra informó de la conclusión de su inventario en 2025, adelantándose así en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normativa.

La intervención forma parte del programa «Diputación Invierte», aprobado en 2025, y que ha contado con una inversión total de 79.937,09 euros. La Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Cabra han asumido la financiación a partes iguales.

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