Las empresas Sidenor y Cofivacasa han sido declaradas responsables del fallecimiento del trabajador José G. por enfermedad profesional, y condenadas al pago de 216.947 euros —más los intereses legales— a la familia de la víctima.

El Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria-Gasteiz ha estimado la demanda de daños planteada por la viuda e hijos del operario, tras demostrarse que las empresas no realizaron las mediciones ambientales correspondientes ni alertaron del nivel de contaminación en el centro de trabajo.

De acuerdo con varios medios que citan a Asviami (la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto), José G. trabajó en la antigua fábrica de Forjas desde 1983 hasta 1994, y más adelante en Sidenor hasta marzo del año 2000.

En 2022 fue diagnosticado de un adenocarcinoma pulmonar y falleció a tan solo un mes del dictamen médico. En febrero de 2025, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) reconoció su afección como enfermedad profesional y, con ello, todas las prestaciones derivadas de su fallecimiento.

Medios del País Vasco detallan cómo el informe de Osalan (Instituto Vasco De Seguridad y Salud Laborales) deja claro que el operario estuvo expuesto al amianto mientras desempeñaba sus funciones en los hornos de temple de Forjas. Los familiares denunciaron que la gestión de residuos en el lugar era deficiente, realizándose la limpieza a base de barrido, sin extracción localizada del polvo, sin mediciones ni partes médicos y, además, sin informar a los trabajadores.

A todo esto se suma que el empleado estuvo expuesto a las fibras de amianto durante décadas y que la aparición de la enfermedad coincide con el período de latencia típico del material tóxico. Por tanto, la sentencia estima la demanda y condena a ambas empresas.

No es la primera vez que Sidenor y Cofivacasa son condenadas a indemnizar a una familia por casos similares de exposición al amianto.

Con información de Naiz y Crónica Vasca

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En los últimos dos años, apenas 80 municipios han completado el registro exigido por la normativa estatal, lo que ralentiza los planes para retirar la uralita.

La hoja de ruta para liberar a Cataluña de los residuos de amianto avanza, pero a un ritmo inferior al previsto por las normativas vigentes. El primer paso indispensable para coordinar la retirada segura de este material —saber exactamente qué edificios, tejados y canalizaciones lo contienen— sigue siendo la gran asignatura pendiente en los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma: a día de hoy solo el 35% de los ayuntamientos de la comunidad ha elaborado su censo local de amianto según datos de la Generalitat ofrecidos a El Periódico.

Este porcentaje refleja un progreso lento si se tiene en cuenta que la ley estatal fijaba el límite para disponer de estos registros en 2023. Dos años atrás, en 2024 —insiste el medio— eran unos 250 los consistorios que habían cumplido con la obligación (el 25% del total); desde entonces, apenas unas 80 localidades se han sumado a la lista de municipios con los deberes hechos.

Aunque entre este 35% actual figuran algunas de las principales ciudades, todavía quedan pendientes núcleos urbanos de gran densidad y miles de habitantes, además de numerosos pueblos pequeños.

Herramientas de apoyo ante un reto mayúsculo

El despliegue de estos censos es la herramienta clave para planificar el desmantelamiento de las más de dos millones de toneladas de amianto que se calcula que aún persisten en el territorio. Ante esta situación, el conseller de Empresa, Miquel Sàmper —en declaraciones citadas por El Periódico— ha señalado en sede parlamentaria que el Ejecutivo autonómico mantiene activas diversas líneas de cooperación técnica para ayudar a las administraciones locales.

Entre estas medidas destacan la entrega de mapas con las cubiertas de fibrocemento ya localizadas mediante cartografía, la organización de jornadas formativas para los técnicos de los ayuntamientos y el asesoramiento continuo para facilitar el acceso a las convocatorias de subvenciones.

El escenario legal cambiará a corto plazo con la reciente aprobación de la ley catalana para la erradicación del amianto. Esta norma, cuyo reglamento definitivo se presentará a lo largo del próximo año, ofrecerá un marco de actuación más ágil para acelerar las intervenciones, priorizando los núcleos más poblados y los entornos vulnerables, como las instalaciones deportivas y los centros escolares.

Las retiradas aumentan, pero no al ritmo de las exigencias europeas

A pesar del retraso en la elaboración de los censos municipales, las empresas especializadas y las administraciones siguen retirando material de las calles. El periódico destaca que, durante el pasado año 2025, el depósito controlado de Castellolí —el único centro autorizado en Cataluña para la recepción de estos residuos— gestionó un total de 24.753 toneladas de material con amianto, lo que supuso un incremento del 6% respecto al año anterior.

Aunque desde 2008 se han retirado de forma segura más de 266.000 toneladas de uralita en toda Cataluña, las estimaciones oficiales actuales confirman que todavía queda más de la mitad del trabajo por hacer, lo que aleja la posibilidad de cumplir con el horizonte de «residuo cero» en edificios públicos que la Unión Europea plantea para 2032.

El factor económico sigue siendo el motor principal para acelerar los trabajos tanto en el sector público como en el privado. De cara a este año 2026, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ya ha aprobado presupuesto de 10,5 millones de euros en subvenciones para reparar y retirar cubiertas de amianto que hayan resultado dañadas por tormentas de granizo acreditadas por el Meteocat. Con todo, el Govern recuerda que la velocidad para aplicar la nueva ley y limpiar el territorio dependerá directamente de las prioridades presupuestarias y los créditos disponibles en las próximas cuentas públicas.

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El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha publicado el método técnico MTA/MA-051/A26 para medir la concentración de fibras de amianto en el aire. La nueva regulación busca una precisión mayor que la anterior (MTA/MA-051/A04) y eleva el escudo de protección de los operarios expuestos a este material nocivo.

Esta actualización se alinea con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y responde a la necesidad urgente de adaptarse al nuevo Valor Límite Ambiental (VLA) implantado el pasado mes de abril.

El nuevo VLA reduce el umbral permitido a niveles mínimos: no se pueden superar las 0,01 fibras por centímetro cúbico de aire (0,01 f/m3). Capturar y contabilizar una cantidad tan ínfima de partículas flotantes era una tarea técnicamente difícil con el protocolo antiguo.

¿Cuáles son los principales cambios?

El nuevo método modifica aspectos importantes en los parámetros de medición: ahora se requiere un volumen de aire mucho mayor y a más velocidad (caudal) para garantizar que el amianto quede atrapado en los filtros analíticos si realmente está presente.

Entre los cambios fundamentales se encuentran:

• Caudales más altos en muestreos personales: En las mediciones del aire que respira directamente el trabajador, se pasa de los antiguos caudales de 1 o 2 litros por minuto (l/min) a un estándar obligatorio de 7 a 10 l/min. Trabajar por debajo de este flujo impediría registrar concentraciones tan bajas como las que exige la ley.
• Redefinición de los límites de fiabilidad: El nuevo Límite Inferior de Recuento (LIR) exige localizar un mínimo de 10 fibras por cada 100 campos visuales del microscopio, lo que equivale a un control matemático estricto de 4.900 fibras por filtro estándar.
• Volúmenes de aire cercanos a los 2.000 litros: Para poder calcular de manera fiable la décima parte del valor límite legal (el 10% del VLA), la normativa aconseja forzar los equipos de medición. Se recomienda alcanzar un volumen cercano a los 2.000 litros de aire muestreado (por ejemplo, manteniendo los equipos encendidos durante 240 minutos a caudales de entre 7 y 9 l/min).

Para más detalles sobre los cambios en el nuevo método, consulte el documento oficial publicado por el INSST.

Nueva fórmula matemática para el número de muestras (Puntos Fijos)

Otro de los grandes cambios afecta a la seguridad estática; es decir, a los medidores fijos que evalúan el índice de descontaminación tras la retirada de amianto. El método introduce una fórmula matemática vinculada directamente a la superficie del centro de trabajo:

El número de muestras estáticas mínimas (N) se calcula obteniendo la raíz cúbica de la superficie de la instalación (A) en metros cuadrados y restándole una unidad. Si el resultado da decimales, se redondea siempre hacia el número entero superior.

Si una empresa realiza la retirada de una cubierta de amianto en una nave de 1.000 metros cuadrados, el cálculo es el siguiente:

1. Se calcula la raíz cúbica de 1.000, lo que da exactamente 10.
2. Al restarle 1, obtenemos 9.
3. Resultado: Se deben realizar un mínimo de 9 muestras estáticas.

Con el método anterior y los criterios tradicionales, para una superficie similar se solían exigir únicamente unas 4 muestras. El nuevo estándar duplica el control de seguridad ambiental para asegurar que ningún rincón quede sin evaluar.

El proceso se mantiene en tres fases esenciales:

1. Fase 1: Toma de muestra. Captación del aire en campo con las nuevas bombas de alto caudal.
2. Fase 2: Tratamiento en laboratorio. Transparentación física y química de los filtros mediante vapor de acetona y triacetina bajo condiciones controladas.
3. Fase 3: Análisis de recuento. Contabilización microscópica mediante Microscopía Óptica de Contraste de Fases (MOCF) aplicando los nuevos y rigurosos umbrales de incertidumbre.

El INSST insiste en la especial atención que requiere la exposición al amianto o asbesto debido a los efectos adversos que tiene sobre la salud de los trabajadores expuestos. Lo que se busca es una mayor protección de la población adaptando los métodos de medición al nuevo valor límite de exposición (VLA).

En España, la producción y comercialización de este material constructivo está prohibida desde el año 2002, pero aun sigue muy presentes en nuestras construcciones, sobre todo en edificios, ruinas industriales, bajantes, conducciones y aislamientos, entre otros.

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En una votación histórica en la que todos los representantes de la cámara votaron a favor, el Parlament de Catalunya ha dado luz verde a la ley que propone retirar los cerca de 4 millones de toneladas de amianto presentes en el territorio catalán.

Tras meses de discusiones, se ha llegado al consenso para poner en marcha esta norma, que establece un marco jurídico para el censado y la gestión de todo el material con asbesto en edificios públicos y privados. Asimismo, fija las pautas de seguridad para la protección de los trabajadores de las empresas encargadas de su retirada.

Sin embargo, la aplicación completa de la ley tardará al menos un año en ejecutarse, ya que compete al Ejecutivo catalán redactar el reglamento que detallará cómo aplicar la normativa en aspectos como el censo, la comisión de coordinación y el seguimiento, además de las sanciones de hasta 100.000 euros por las infracciones cometidas. Cabe destacar que la recaudación de estas multas se destinará íntegramente al recién creado Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña.

El objetivo a largo plazo es retirar todo el material con asbesto para el año 2032. La Generalitat ya registra un total de 121.982 tejados con este componente, una superficie que equivale a la extensión de toda la ciudad de Sabadell. La ley hace especial hincapié en municipios como Badia del Vallès, Ripollet o Cerdanyola del Vallès, donde más se construyó con este material y, a más de 20 años de su prohibición, aún quedan miles de toneladas sin retirar.

Tras la aprobación de esta ley, se prevé el incremento del presupuesto de las subvenciones para la retirada de amianto a 20 millones de euros anuales, un programa que ya acumula un total de 100 millones desde 2019. Justamente hoy se ha abierto la convocatoria de ayudas de 2026, en la que se han destinado 10,5 millones de euros a personas, entidades y comunidades de vecinos. Igualmente, se prevé una partida presupuestaria para la compensación de las familias afectadas por el material, aunque este fondo aún está por concretar.

Varios medios catalogan la aprobación de esta ley como histórica por ser pionera a nivel internacional, aunque otros advierten que su correcta ejecución podría retrasarse o verse afectada de no contar con el apoyo de las distintas administraciones del territorio o con una inversión acorde. La norma, nacida bajo el mandato del anterior Ejecutivo y culminada por el actual Govern, contó en el pleno con la emotiva presencia de asociaciones de víctimas, quienes recordaron la urgencia de actuar tras años de enfermedades y fallecimientos vinculados a la exposición al asbesto.

En todo el territorio español se están impulsando normativas con vistas al control o la erradicación del amianto, así como para garantizar los correctos protocolos de seguridad que protejan la salud de los trabajadores y de la ciudadanía. En este sentido, la Ley 7/2022 ya obliga a todos los ayuntamientos del país a establecer censos de amianto y un calendario de retirada con vistas al año 2028.

Con información de El País, La Vanguardia y 20 minutos.

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La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos hombres e investiga a un tercero que, presuntamente, suplantaron a una empresa autorizada en la gestión de amianto para engañar a una comunidad de vecinos que requería la sustitución de una bajante de fibrocemento.

Según varios medios, en el fraude participó el propio administrador de la finca, quien acudió a una empresa que afirmaba contar con los permisos legales para manipular este material nocivo.

La alarma saltó cuando un propietario decidió contactar con la empresa autorizada que supuestamente iba a ejecutar los trabajos, y descubrió que esta jamás había sido contratada para la obra. El hallazgo propició la intervención de las autoridades.

Negligencia y falsificación documental

La investigación policial reveló que el administrador del edificio había pedido presupuestos previos a varias empresas homologadas. Al constatar la complejidad técnica, las estrictas medidas de seguridad y los elevados costes asociados a los trabajos de desamiantado, decidió decantarse por la vía ilegal y contratar a una constructora ordinaria para abaratar costes.

Ante las sospechas de los residentes por la ausencia de protocolos de seguridad durante las obras, el administrador intentó calmar los ánimos alegando que se trataba de una reforma común, llegando incluso a exhibir documentación medioambiental falsa para respaldar su versión.

La investigación confirmó que el gerente de la constructora era plenamente consciente de que su negocio no figuraba en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que la plantilla carecía de la formación obligatoria para manipular este material cancerígeno.

Asimismo, el informe policial citado por varios medios señala que el jefe de obra de la empresa infractora llegó a usurpar la identidad del responsable de la empresa autorizada en una junta de vecinos, con el único fin de persuadirlos para que se abonaran los pagos pendientes.

Un grave peligro para la salud pública

El procedimiento empleado para retirar la tubería de fibrocemento vulneró toda normativa de seguridad: los operarios rompieron el material a golpe de martillo y cincel y arrojaron los fragmentos hacia los pisos inferiores. Esta acción provocó la liberación y dispersión de millones de microfibras de amianto hacia las viviendas colindantes.

Los residuos se almacenaron en bolsas de plástico comunes y se trasladaron a ecoparques municipales y vertederos ordinarios, omitiendo la obligación legal de depositarlos en instalaciones de tratamiento especializado. Los operarios trabajaron además sin Equipos de Protección Individual (EPI) ni sistemas de descontaminación.

El coste de esta intervención fraudulenta fue de 12.500 euros, una cifra inferior a los 38.000 euros en los que se tasaba el procedimiento bajo el marco laboral y medioambiental vigente. Sin embargo, el ahorro económico contrasta con un impacto sanitario incalculable, ya que la comunidad vecinal ha quedado expuesta a sufrir patologías graves a largo plazo, tales como cáncer de pulmón o mesotelioma.

Por estos hechos, a los involucrados se les imputan presuntos delitos de:

• Pertenencia a grupo criminal.
• Contra los derechos de los trabajadores.
• Contra el medio ambiente.
• Falsedad documental.
• Estafa.
• Usurpación de estado civil.

Las actuaciones han corrido a cargo del Equipo del Seprona de la Comandancia de Valencia y el caso ya ha sido puesto a disposición de la Sección Civil de la Instrucción del Tribunal de Valencia en funciones de guardia.

Desde GDA insistimos en la importancia de abordar la retirada de amianto bajo el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente. La manipulación de este material requiere de protocolos de seguridad rigurosos y personal altamente cualificado; solo mediante una gestión autorizada y responsable es posible mitigar los riesgos derivados de su exposición, garantizando de manera efectiva la protección de la salud de los trabajadores, el bienestar de los vecinos y la preservación del medio ambiente.

Con información de ABC, El Periodic y Europa Press

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La comunidad autónoma de Cataluña ha dado otro paso significativo en su esfuerzo por erradicar el amianto. El Parlament llevará a votación la semana próxima un proyecto de ley que se encuentra en su fase definitiva de debate y que busca disponer de un marco legal que agilice la retirada de este material en todo el territorio catalán.

La normativa contempla la creación de un censo de materiales con amianto en las distintas provincias de la comunidad, así como inspecciones para garantizar el cumplimiento de la ley.

También prevé la creación de un fondo para la gestión y retirada del material y campañas de sensibilización. Además, se exigirá un certificado de presencia de amianto en la compraventa y alquiler de inmuebles anteriores a 2002.

Esto ocurre en el marco en el que se anuncian las nuevas subvenciones para la retirada del asbesto en dicha comunidad autónoma, que buscan aliviar el bolsillo de particulares, empresas y comunidades de vecinos entregando hasta 30.000 euros por inmueble.

La Agència de Residus de Catalunya ha destinado 10,5 millones de euros en ayudas para acelerar los procesos de desamiantado en todas las provincias de la región.

Esta normativa autonómica complementa la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, que establece la necesidad de que cada ayuntamiento realice un censo de amianto en todos los edificios públicos y un calendario para la retirada de este material en el que ya se trabaja activamente.

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Un total de 12 inmuebles con amianto fueron identificados en el municipio de Barbate gracias al trabajo colaborativo entre nuestra empresa, Gestión del Amianto (GDA), y el ayuntamiento de ese municipio de la provincia de Cádiz.

La información se dio a conocer ayer en conferencia de prensa ante los medios regionales, con la participación del director de nuestra empresa, Narciso Jiménez Martín, y el alcalde de Barbate, Miguel Molina, entre otras autoridades.

El censo se enfocó en 81 edificios públicos de la localidad, de los cuales 51 presentaban sospechas de contener amianto. El análisis final arrojó como resultado la presencia de este material —también conocido como asbesto— en 12 inmuebles. Entre ellos destacan el propio Ayuntamiento de Barbate, el cementerio, naves municipales y viviendas de titularidad municipal.

El amianto se ha encontrado sobre todo en depósitos de agua, cubiertas de fibrocemento o elementos aislados como bajantes, juntas o tejados que datan de antes de 2002, fecha de la prohibición del amianto en España. La buena noticia, en palabras de nuestro director, es que el porcentaje detectado es bastante bajo y muchos de esos materiales ya se encuentran encapsulados, una medida que permite mantenerlos controlados y seguros.

Vea toda la conferencia de prensa aquí.

Fases del proyecto

Para llegar a estos resultados, nuestra empresa (GDA) ha llevado a cabo un trabajo de un año en conjunto con el Ayuntamiento de Barbate. El estudio ha constado de las siguientes fases:

1. Geolocalización: Ubicación de todos los edificios públicos de Barbate que competen al Ayuntamiento.
2. Procesamiento de datos: Análisis de la información de los inmuebles mediante un algoritmo propio, que aplica un filtrado de edificios con sospecha de contener amianto y determina su nivel de riesgo.
3. Inspección y muestreo: Visitas a los edificios y recogida de muestras de materiales sospechosos para su posterior análisis y confirmación. Se emplearon drones en las zonas de difícil acceso.
4. Informe y planificación: Presentación del informe final y confección del calendario de retirada para su posterior ejecución por parte del Ayuntamiento.

Concienciación y marco legal

El director de nuestra empresa insistió en la importancia de realizar estos censos para controlar la presencia y retirada de todo el material con amianto de nuestras edificaciones. De este modo, se reduce el riesgo de contraer enfermedades derivadas de una exposición alta y prolongada al material, tales como la asbestosis, el mesotelioma o el cáncer de pulmón, entre otras.

También puntualizó que el amianto más peligroso es el friable; es decir, el que se desmenuza con mayor facilidad porque esparce más fibras al aire. Si bien el 95% del amianto en España (como la uralita) es poco friable, el 60% de este ya ha llegado al fin de su vida útil y se encuentra en estado de descomposición, lo que lo hace más propenso a liberar fibras al ambiente.

Por su parte, el alcalde de Barbate destacó que la realización de este censo sitúa al municipio a la cabeza de la gestión del amianto en la provincia de Cádiz, cumpliendo rigurosamente con la Ley 7/2022, la cual obliga a los ayuntamientos a contar con un censo y un calendario de retirada de amianto. Cabe señalar que pocos municipios de la provincia han completado este censo hasta la fecha.

Relación de edificios afectados:

• Colegio Bahía de Barbate: contiene dos depósitos de amianto.
• Instituto Trafalgar: contiene un depósito de amianto.
• Colegio Estrella del Mar: junta de motor de agua y bajante.
• Casa del Ayuntamiento: 126 m² de cubierta de fibrocemento con amianto.
• Cine Avenida: 25 m² de cubierta y un extractor de humo.
• Castillo de Santiago nº 8: depósito de amianto en azotea.
• Calle Ancha nº 44: depósito de amianto en azotea.
• Calle Ancha nº 28: contiene un depósito de amianto.
• Hermanos Romero Abreu s/n: cubierta de 55 m² de fibrocemento con amianto.
• Casa de la Juventud: contiene una bajante de amianto encapsulada y pintada.
• Cementerio: contiene una pequeña cubierta de amianto.
• Nave Municipal: tejado de amianto.

Con más de seis años de experiencia, nuestra empresa ha ayudado a más de 120 ayuntamientos en toda España a completar los censos de amianto.

Los resultados del censo de Barbate son públicos y están disponibles en nuestra página web para la consulta de toda la ciudadanía.

Pulse aquí para ver los resultados del censo de Barbate.

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La Agencia de Residuos de Cataluña (ARC) ha hecho oficial la apertura de la nueva convocatoria de subvenciones destinadas a la retirada de residuos de materiales que contengan amianto dentro del territorio catalán.

Esta línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 10,5 millones de euros para el año 2026, cuyo propósito principal es minimizar el riesgo que este material representa para la salud pública y fomentar la mejora ambiental en el territorio.

Las ayudas se tramitarán bajo el régimen de concurrencia pública no competitiva, lo que significa que los fondos se asignarán por orden de entrada de las solicitudes que cumplan con los requisitos, hasta que se agote el presupuesto disponible.

Respecto a la distribución de los fondos y los límites específicos, la convocatoria establece que de los 10,5 millones de euros totales del presupuesto, 8,5 millones se destinan a personas físicas, jurídicas privadas y comunidades de vecinos, mientras que los 2 millones restantes quedan reservados para entidades locales.

En el caso de las personas jurídicas sujetas al régimen de ayudas de minimis, la cantidad total recibida no podrá superar los 300.000,00 € en un periodo de 3 años, contabilizando para este cómputo cualquier otra ayuda de dicha naturaleza recibida con independencia de la administración otorgante.

Asimismo, se especifica que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) no será considerado un gasto subvencionable en aquellos casos en los que el beneficiario tenga el derecho legal a deducírselo.

Consulta los aspectos técnicos, plazos y condiciones reguladas en el documento oficial.

Plazos y modalidad de presentación

El periodo establecido por la administración para el registro de expedientes es el siguiente:

• Inicio del plazo: 18 de junio de 2026 a las 9:00 horas.
• Fin del plazo: 2 de julio de 2026 a las 14:00 horas.

Las solicitudes deben formalizarse de manera telemática a través de los modelos oficiales habilitados en la Sede electrónica de la Generalitat de Catalunya.

Presupuesto y baremo de ayudas

La subvención tiene un límite máximo fijado en 30.000,00 € por inmueble y se calculará en función de los metros cuadrados de amianto a retirar, siguiendo la escala oficial determinada por la convocatoria, como se presenta a continuación:

Condiciones de la subvención

La normativa estipula las siguiente condiciones para la validez de los trabajos de desamiantado:

1. Homologación de las empresas: Las tareas de manipulación, retirada y transporte deben ser ejecutadas exclusivamente por empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). La gestión y el tratamiento final de los residuos deben realizarse mediante empresas inscritas en el Registro general de personas gestoras de residuos de Cataluña (RGPGRC).
2. Exclusiones: Únicamente se subvencionan los costes derivados de la retirada, el transporte y el tratamiento del amianto. Quedan excluidos los materiales de obra y construcción que se utilicen para la sustitución de los elementos retirados.
3. Plazos de ejecución y justificación: Las actividades deberán ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses contados a partir de la fecha de la resolución de otorgamiento. Posteriormente, el beneficiario dispondrá de un plazo de 27 meses (desde la citada resolución definitiva) para presentar la documentación justificativa del gasto y el pago.

¿Qué documentación se necesita para la solicitud?

Los interesados deberán acompañar la solicitud electrónica con la siguiente documentación:

• Memoria descriptiva oficial: Documento técnico (disponible en la web de la ARC) que debe incluir los datos del beneficiario, dirección, referencia catastral del inmueble, características de la obra, metros cuadrados de amianto y los datos fiscales junto al número de registro RERA de la empresa encargada de las obras.
• Anexos obligatorios: Captura de pantalla del visor cartográfico VISSIR (donde conste ubicación y superficie) y un reportaje fotográfico detallado del material a retirar antes de la intervención.
• Presupuesto: Documento formal emitido por la empresa inscrita en el RERA que ejecutará las obras, donde figure de forma expresa el nombre y NIF tanto de la empresa como del solicitante, la dirección exacta de la obra y los metros cuadrados de amianto.
• Acreditación de la titularidad: Nota simple registral, escritura de propiedad o certificado equivalente.
• Comunidades de propietarios: Certificado emitido por el administrador que acredite el acuerdo de la junta de propietarios para la solicitud de la subvención y la ejecución de las obras.

En Gestión del Amianto facilitamos los trabajos de manipulación y retirada de amianto en Cataluña adaptado a cada perfil: formación y planes de trabajo para constructoras, censos de amianto para ayuntamientos, y la contratación de empresas RERA autorizadas para comunidades de vecinos y particulares. Contáctanos.

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Un artículo de Diari Valencià ha puesto el foco sobre la proliferación de vertederos clandestinos en el Campo de Elche, donde destaca la presencia de residuos de fibrocemento con amianto, popularmente conocidos como uralita.

La acumulación ilícita de desechos se intensifica en puntos de gran valor paisajístico. El recorrido realizado por el diario confirma que zonas como la carretera de La Marina, La Hoya, El Pinet y la Sierra del Molar se han convertido en depósitos improvisados de restos de poda, muebles, productos inflamables, baterías y, lo más alarmante, escombros de materiales de construcción con amianto.

Diari Valencià recalca que el volumen y la naturaleza de estos depósitos sugieren que no provienen exclusivamente de particulares, sino de pequeñas reformas y actividades profesionales que eluden los cauces legales de gestión de residuos.

El hallazgo de planchas y cañerías de uralita en parajes protegidos como la Sierra del Molar supone un desafío, ya que el abandono incontrolado expone estos materiales a las inclemencias del tiempo, lo cual acelera su degradación.

Con el paso de los años, el sol y las lluvias debilitan la matriz de cemento que retiene las fibras de asbesto. Si estos materiales se rompen, se manipulan incorrectamente o se abandonan al aire libre, liberan al entorno millones de fibras microscópicas invisibles a simple vista, capaces de permanecer suspendidas en el aire y ser inhaladas por los vecinos o senderistas de la zona.

El desmantelamiento de cualquier estructura con amianto no debe tomarse como un trabajo de construcción convencional. Exige la intervención obligatoria de empresas inscritas en el RERA, que disponen de operarios cualificados, equipos de protección individual (EPI) de alta eficiencia y la infraestructura necesaria para encapsular, transportar y confinar el material de forma hermética en vertederos autorizados.

La manipulación negligente de amianto se convierte en una amenaza directa para la salud pública. La inhalación de estas fibras invisibles provoca enfermedades letales como la asbestosis o el mesotelioma, que pueden manifestarse hasta 30 años después del contacto.

Por este motivo, la legislación española ha endurecido sus controles a través de npormativas como la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, que obliga a los ayuntamientos a censar y diseñar calendarios de retirada definitiva del material en todos los municipios.

Frente a la falsa sensación de impunidad que se respira en los parajes valencianos, el Ayuntamiento de Elche tramita una nueva Ordenanza del Medio Rural y de Convivencia Ciudadana, que contempla sanciones económicas de hasta 100.000 euros para quienes realicen vertidos ilegales de esta gravedad.

La retirada segura de amianto ha dejado de ser un mero trámite burocrático y se ha convertido en una prioridad sanitaria ineludible para proteger la vida de las personas y el futuro de nuestros entornos naturales.

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El Gobierno de Canarias se ha quedado sin vertedero especializado para deshacerse del amianto. Hasta ahora, este material se enviaba a Andalucía, pero la comunidad andaluza ha detenido la gestión de residuos procedentes de fuera de su territorio.

En el contexto de la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, muchas comunidades autónomas están reconfigurando sus políticas de gestión de residuos. Esta normativa obliga a los ayuntamientos a censar la presencia de amianto y a diseñar calendarios para su retirada antes de 2028.

Las Islas Canarias tienen la obligación de cumplir con dicha ley, pero se enfrentan a un problema concreto: el archipiélago no cuenta con ningún vertedero autorizado para almacenar este residuo. De acuerdo con el diario La Provincia, aún existe la posibilidad de enviarlo a otras regiones de la península; sin embargo, esto implicaría reevaluar costes, mientras permanece el temor a que el resto de las comunidades autónomas también se nieguen a aceptar residuos de afuera.

De momento, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha aprobado una prórroga de seis meses que permitirá a las empresas autorizadas seguir almacenando el material de forma temporal. Esto otorga un margen de un año para encontrar una solución definitiva.

Ante la preocupación causada por la acumulación de amianto fuera de los vertederos, Ángel Montañés, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, aclaró a Canarias 7 que, una vez retirado y empaquetado, este material no es radiactivo ni contamina el subsuelo, lo que reduce considerablemente su peligrosidad inmediata.

Aun así, la solución pasa obligatoriamente por su depósito final en un vertedero especializado. Para ello, el Gobierno planea habilitar al menos un espacio en Tenerife y otro en Gran Canaria, aprovechando los «agujeros» dejados por las antiguas canteras, una fórmula que ya se utiliza en otras comunidades para recuperar zonas degradadas.

Sin embargo, la búsqueda de terrenos no está siendo fácil. Según reporta Canarias 7, el Cabildo de Gran Canaria ya ha rechazado la primera ubicación propuesta. A esto se le suman dos problemas:

• En primer lugar, enviar el amianto a la península dispara los costes de transporte. Para evitar que este encarecimiento termine impactando en el bolsillo del ciudadano de a pie, el Gobierno canario ya estudia la implementación de subvenciones o beneficios fiscales.
• Por último, los ayuntamientos de las islas deben elaborar por ley un censo con todo el amianto presente en sus municipios. A día de hoy, menos del 30% de los consistorios ha cumplido con esta obligación, lo que significa que las autoridades están planificando los futuros vertederos sin saber realmente a qué cantidad de residuos se enfrentan.

¿Eres un Ayuntamiento? En GDA acompañamos a las administraciones públicas para asegurar espacios libres de amianto de acuerdo con la normativa vigente. Solicita el censo aquí

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