La Ley catalana del amianto entra en fase de negociación tras objeciones del Gobierno central y el adelanto electoral

La Ley catalana para la erradicación del amianto, vigente desde el 3 de octubre tras su aprobación en el Parlament el pasado mes de julio, se enfrenta a un escenario de incertidumbre.

El Gobierno central ha notificado sus objeciones sobre siete artículos de la norma por posible invasión de competencias estatales, lo que ha llevado a la Generalitat a activar la vía de la Comisión Bilateral el pasado 29 de septiembre.

Esta medida abre un periodo formal de negociación de seis meses para tratar de evitar un recurso ante el Tribunal Constitucional, un proceso cuyo desenlace coincide ahora con el adelanto electoral convocado para el próximo 29 de noviembre, tal como ha dado a conocer el diario El País.

Las objeciones planteadas por el Ministerio de Política Territorial atañen a apartados neurálgicos de la normativa (en concreto, los artículos 10, 11, 31, 33, 35, 36 y 47). Según la información publicada por el citado periódico, estos puntos regulan aspectos fundamentales para la actividad profesional del sector, tales como:

• Las obligaciones que deben cumplir las empresas y los profesionales que gestionan la retirada de materiales con amianto
• Los criterios para la creación de un registro específico de estas compañías
• La exigencia de notificar la presencia de este material a los responsables del nuevo Censo catalán de amianto.

El Ministerio ha objetado los preceptos referidos a las condiciones fijadas para el almacenamiento y depósito de los residuos contaminados.

Pese a este conflicto normativo, ambas administraciones decidieron no elevar el pleito de manera inmediata al Tribunal Constitucional y recurrir a los mecanismos prelegislativos de concertación.

La decisión aprobada en el Consell Executiu busca acercar posiciones y flexibilizar el redactado de los artículos cuestionados. De acuerdo con las fuentes del Govern citadas por El País, la discusión se mantiene en un plano estrictamente técnico y no político, por lo que la administración autonómica confía en alcanzar un acuerdo que preserve el espíritu de una ley pionera en España.

El texto legal de la Generalitat contempla un plan de actuación de gran alcance para el tejido económico y de la construcción en Cataluña, con una inversión estimada de 20 millones de euros anuales destinados a la retirada y tratamiento posterior de este material nocivo.

El objetivo final fijado en el texto es la eliminación progresiva de cerca de cuatro millones de toneladas de amianto presentes en edificaciones e instalaciones del territorio catalán.

Este escenario de diálogo para adecuar el marco legal de la retirada de residuos peligrosos no es un caso aislado. Conforme detalla El País, la negociación se suma a las conversaciones que mantienen ambas administraciones para resolver objeciones similares en otros textos legales catalanes, como la ley contra la LGTBIfobia o el Decreto Ley 3/2026 sobre urbanismo y vivienda.

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