El Parlament de Catalunya aprueba por unanimidad histórica ley para retirar amianto
En una votación histórica en la que todos los representantes de la cámara votaron a favor, el Parlament de Catalunya ha dado luz verde a la ley que propone retirar los cerca de 4 millones de toneladas de amianto presentes en el territorio catalán.
Tras meses de discusiones, se ha llegado al consenso para poner en marcha esta norma, que establece un marco jurídico para el censado y la gestión de todo el material con asbesto en edificios públicos y privados. Asimismo, fija las pautas de seguridad para la protección de los trabajadores de las empresas encargadas de su retirada.
Sin embargo, la aplicación completa de la ley tardará al menos un año en ejecutarse, ya que compete al Ejecutivo catalán redactar el reglamento que detallará cómo aplicar la normativa en aspectos como el censo, la comisión de coordinación y el seguimiento, además de las sanciones de hasta 100.000 euros por las infracciones cometidas. Cabe destacar que la recaudación de estas multas se destinará íntegramente al recién creado Fondo para la Erradicación del Amianto de Cataluña.
El objetivo a largo plazo es retirar todo el material con asbesto para el año 2032. La Generalitat ya registra un total de 121.982 tejados con este componente, una superficie que equivale a la extensión de toda la ciudad de Sabadell. La ley hace especial hincapié en municipios como Badia del Vallès, Ripollet o Cerdanyola del Vallès, donde más se construyó con este material y, a más de 20 años de su prohibición, aún quedan miles de toneladas sin retirar.
Tras la aprobación de esta ley, se prevé el incremento del presupuesto de las subvenciones para la retirada de amianto a 20 millones de euros anuales, un programa que ya acumula un total de 100 millones desde 2019. Justamente hoy se ha abierto la convocatoria de ayudas de 2026, en la que se han destinado 10,5 millones de euros a personas, entidades y comunidades de vecinos. Igualmente, se prevé una partida presupuestaria para la compensación de las familias afectadas por el material, aunque este fondo aún está por concretar.
Varios medios catalogan la aprobación de esta ley como histórica por ser pionera a nivel internacional, aunque otros advierten que su correcta ejecución podría retrasarse o verse afectada de no contar con el apoyo de las distintas administraciones del territorio o con una inversión acorde. La norma, nacida bajo el mandato del anterior Ejecutivo y culminada por el actual Govern, contó en el pleno con la emotiva presencia de asociaciones de víctimas, quienes recordaron la urgencia de actuar tras años de enfermedades y fallecimientos vinculados a la exposición al asbesto.
En todo el territorio español se están impulsando normativas con vistas al control o la erradicación del amianto, así como para garantizar los correctos protocolos de seguridad que protejan la salud de los trabajadores y de la ciudadanía. En este sentido, la Ley 7/2022 ya obliga a todos los ayuntamientos del país a establecer censos de amianto y un calendario de retirada con vistas al año 2028.
Con información de El País, La Vanguardia y 20 minutos.
