Extremadura otorgará certificados de salud a personas afectadas por amianto
La medida busca que las víctimas puedan acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación del Instituto Nacional de la Seguridad Social
El Servicio Extremeño de Salud ha creado el Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto que empieza a funcionar a partir de hoy 14 de abril. Este grupo de profesionales estará encargado de diagnosticar, comprobar y certificar a las personas afectadas por la exposición al material tóxico.
El objetivo es que las víctimas reciban el certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, también conocido por asbesto. Esto constituye un requisito imprescindible para acceder a las indemnizaciones del Fondo de Compensación que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el cual otorga ayudas de entre 32.000 y 96.000 euros.
El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó este lunes la resolución donde se explica todo el funcionamiento de la medida. Por ejemplo, que el quipo estará integrado por personal de salud pública, laboral y ambiental.
Esos profesionales serán los encargados del diagnóstico y la valoración de la enfermedad, su calificación y revisión, así como la determinación de su causa o del fallecimiento de las personas afectadas por exposición al amianto.
Las personas afectadas podrán presentar sus solicitudes a través del registro electrónico de la Junta de Extremadura o en cualquiera de las oficinas habilitadas. El plazo máximo para resolver será de 3 meses.
Las reacciones no se han dejado esperar y muchos celebran las buenas noticias. El responsable de industria de UGT Extremadura, Ricardo Salaya —citado por Canal Extremadura— también opina que esta medida debe extenderse a todos los períodos en los que se usó ese material en la región.
La exposición prolongada al amianto o asbesto representa un alto riesgo para la salud. Inhalar las fibras que se liberan al aire en el proceso de manipulación ocasiona enfermedades pulmonares como la asbestosis, o cáncer.
Los materiales con amianto eran muy populares y se usaron ampliamente durante gran parte del siglo XX, hasta que se descubrieron sus efectos nocivos. Aunque en España quedó prohibido su uso desde el año 2002, todavía sigue presente en las cubiertas de edificios públicos y viviendas lo cual representa un riesgo de salud latente.
La Junta de Extremadura tiene aprobado un plan de retirada de amianto que asciende a los 200.000 euros. El 85% de los fondos está destinado a la retirada del material y el resto a la instalación de medidas de protección.
