El Ayuntamiento de Alicante no tiene el censo de amianto

Tras cuatro años de la entrada en vigor de la Ley 7/2022, el Ayuntamiento de Alicante todavía no dispone del censo de amianto en instalaciones y edificios del municipio, ni del correspondiente calendario para su eliminación.

Dicha normativa exige a los ayuntamientos españoles inspeccionar y registrar en un censo todos los inmuebles —tanto públicos como privados— que aún contengan este material, para así proceder a su desmontaje. El asbesto, como también se le conoce, es un agente cancerígeno confirmado cuya comercialización y uso se prohibió en toda España en 2002.

La Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establecía en su disposición adicional decimocuarta que todos los municipios debían contar con dicho censo para finales de 2023.

Ante la dificultad generalizada para cumplir con ese margen, el plazo de retirada se amplió hasta 2028. En Alicante, sin embargo, los trabajos para la elaboración del mapa de localización siguen pendientes a pesar de la cercanía del nuevo horizonte temporal.

Espacios públicos como el centro socioeducativo Divina Pastora o el centro social El Moralet aún presentan elementos constructivos con amianto, según denunció el concejal socialista Raúl Ruiz en declaraciones a la Cadena SER. Desde la oposición insisten en la urgencia de ejecutar el censo para evaluar la cantidad total de asbesto en la ciudad y garantizar una retirada controlada y segura que elimine el riesgo para la salud pública y el medio ambiente.

Por su parte, la Cadena SER recoge las declaraciones del vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, quien asegura que el consistorio ya trabaja en la confección de este inventario y en la planificación de su retirada conforme a criterios técnicos, aunque admite que todavía no hay una fecha concreta para su finalización.