Gipuzkoa: solo 29 de los 88 municipios han comunicado el censo de amianto al Gobierno Vasco
La mayoría de los ayuntamientos guipuzcoanos aún no ha presentado la documentación exigida por la Ley 7/2022, que establece 2028 como fecha límite para gestionar las instalaciones públicas con mayor riesgo.
Solo 29 de los 88 municipios de Gipuzkoa han comunicado los resultado de sus respectivos censos de instalaciones y emplazamientos con amianto al Gobierno Vasco según una información publicada por El Diario Vasco.
Los datos proceden de una respuesta del consejero Mikel Jauregi a una pregunta parlamentaria de Álvaro Gotxi, del Partido Popular. No obstante, el Ejecutivo autonómico desconoce si algunos de los municipios pendientes de comunicar sus censos ya los han elaborado. Un total de 59 queda pendiente de presentar la documentación al Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad.
La cifra refleja un avance respecto a finales de 2024, cuando únicamente tres ayuntamientos de la provincia vasca habían presentado esta documentación. Sin embargo, menos de un tercio de las localidades de la provincia figura entre las que han remitido sus inventarios con vistas a la fecha límite, en 20228, establecida por la ley 7/2022.
Eibar y Hondarribia, entre los municipios pendientes
Entre los 29 ayuntamientos que han comunicado sus censos se encuentran Donostia, Irun, Errenteria, Zarautz, Tolosa, Hernani, Arrasate, Andoain y Azpeitia.
También figuran Asteasu, Astigarraga, Beasain, Deba, Elgoibar, Ezkio-Itsaso, Hernialde, Idiazabal, Ikaztegieta, Legazpi, Lizartza, Mendaro, Olaberria, Oñati, Ordizia, Orio, Pasaia, Urretxu, Usurbil y Zumarraga.
Por el contrario, municipios de considerable población, como Eibar y Hondarribia, no aparecen entre los que han presentado la documentación al departamento autonómico.
Una obligación legal vigente desde 2022
La elaboración de estos censos responde a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que estableció un calendario para identificar y retirar progresivamente el amianto presente en todos los municipios españoles.
La primera obligación consistía en localizar las instalaciones con amianto, tanto públicos como privados, y elaborar un censo acompañado de un calendario de retirada. Los ayuntamientos disponían hasta abril de 2023 para preparar esta documentación, desde la entrada en vigor de la ley. Ambos documentos deben ser públicos y remitirse a las autoridades autonómicas en materia sanitaria, medioambiental y laboral.
Una vez identificadas las instalaciones afectadas, la ley establece que la retirada debe planificarse según la peligrosidad del material y la exposición de la población más vulnerable. En este contexto se enmarca el segundo plazo, que establece que las instalaciones y emplazamientos públicos con mayor riesgo deberán estar gestionados antes de 2028.
De esta manera, los censos municipales no constituyen solo una obligación administrativa, sino el punto de partida para determinar dónde se encuentra el amianto, evaluar los riesgos y organizar las actuaciones de retirada.
Fuentes: Información publicada en El Diario Vasco. Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Escrito por
Luis Orlando León Carpio
Periodista y Redactor de Contenidos
Periodista con una década de experiencia en medios de Cuba y colaboraciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Máster Erasmus Mundus en Periodismo, Medios y Globalización. En Gestión del Amianto investiga y redacta los contenidos sobre normativa, ayudas y actualidad del amianto en España.
