Córdoba destina 1,8 millones de euros en ayudas para retirar amianto
Tras la publicación de la Ley 7/2022, las administraciones provinciales en todo el territorio español han acelerado la carrera por la retirada del amianto. Dicha normativa establece que los ayuntamientos deben hacer un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, así como un calendario para su retirada antes de 2028.
En este escenario, la provincia andaluza de Córdoba pone a disposición una serie de planes de ayudas para incentivar la retirada de este material por parte de administraciones, propietarios y comunidades de vecinos en toda la región.
Este material, también conocido como asbesto, se trata como un residuo peligroso debido a sus efectos cancerígenos sobre las personas y los animales. Esto hace que su gestión se vuelva costosa y de ahí la necesidad de subvencionar los costes de su retirada.
La propia Diputación de Córdoba ha impulsado un plan específico para la eliminación de amianto en edificios municipales y, para ello, ha movilizado un presupuesto de 1.841.347 euros. La iniciativa se desarrolla en dos partes: una para la elaboración de censos —con un monto de 315.144 euros— y otra, con 1,5 millones, para la ejecución de proyectos este mismo año.
De acuerdo con una nota de Córdoba Hoy, el plan ya ha tramitado ayudas para ayuntamientos cordobeses que ascienden al 50% de la inversión, con un máximo de 40.000 euros por proyecto. Los trabajos se han centrado en la retirada y sustitución de materiales de fibrocemento por otros acordes con la normativa vigente.
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Además, la provincia se apoya en los fondos del Plan Eco Vivienda que gestiona la Junta de Andalucía en toda la comunidad autónoma. Este plan prevé subvenciones de hasta el 100% del coste de la retirada de amianto —con un límite de 1.000 euros por vivienda y hasta 12.000 por edificio— en proyectos destinados a la rehabilitación energética.
Las autoridades insisten en la gestión legal del amianto como garante de una manipulación segura y eficiente. En España, solo empresas autorizadas pueden realizar esta actividad acorde a la normativa vigente. El RD 396/2006 establece que dichas empresas deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA), tener un plan de trabajo aprobado por la Autoridad Laboral y contar con trabajadores debidamente formados.
Incumplir la normativa no solo acarrea el riesgo de sanciones graves con multas elevadas, sino que pone en peligro la salud de las personas implicadas. Por ello, siempre se recomienda contratar una empresa autorizada y acudir a las ayudas para aliviar los costes de la actividad.
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