Canarias no tiene adonde enviar el amianto
El Gobierno de Canarias se ha quedado sin vertedero especializado para deshacerse del amianto. Hasta ahora, este material se enviaba a Andalucía, pero la comunidad andaluza ha detenido la gestión de residuos procedentes de fuera de su territorio.
En el contexto de la aplicación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, muchas comunidades autónomas están reconfigurando sus políticas de gestión de residuos. Esta normativa obliga a los ayuntamientos a censar la presencia de amianto y a diseñar calendarios para su retirada antes de 2028.
Las Islas Canarias tienen la obligación de cumplir con dicha ley, pero se enfrentan a un problema concreto: el archipiélago no cuenta con ningún vertedero autorizado para almacenar este residuo. De acuerdo con el diario La Provincia, aún existe la posibilidad de enviarlo a otras regiones de la península; sin embargo, esto implicaría reevaluar costes, mientras permanece el temor a que el resto de las comunidades autónomas también se nieguen a aceptar residuos de afuera.
De momento, la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha aprobado una prórroga de seis meses que permitirá a las empresas autorizadas seguir almacenando el material de forma temporal. Esto otorga un margen de un año para encontrar una solución definitiva.
Ante la preocupación causada por la acumulación de amianto fuera de los vertederos, Ángel Montañés, director general de Calidad Ambiental del Gobierno de Canarias, aclaró a Canarias 7 que, una vez retirado y empaquetado, este material no es radiactivo ni contamina el subsuelo, lo que reduce considerablemente su peligrosidad inmediata.
Aun así, la solución pasa obligatoriamente por su depósito final en un vertedero especializado. Para ello, el Gobierno planea habilitar al menos un espacio en Tenerife y otro en Gran Canaria, aprovechando los «agujeros» dejados por las antiguas canteras, una fórmula que ya se utiliza en otras comunidades para recuperar zonas degradadas.
Sin embargo, la búsqueda de terrenos no está siendo fácil. Según reporta Canarias 7, el Cabildo de Gran Canaria ya ha rechazado la primera ubicación propuesta. A esto se le suman dos problemas:
- En primer lugar, enviar el amianto a la península dispara los costes de transporte. Para evitar que este encarecimiento termine impactando en el bolsillo del ciudadano de a pie, el Gobierno canario ya estudia la implementación de subvenciones o beneficios fiscales.
- Por último, los ayuntamientos de las islas deben elaborar por ley un censo con todo el amianto presente en sus municipios. A día de hoy, menos del 30% de los consistorios ha cumplido con esta obligación, lo que significa que las autoridades están planificando los futuros vertederos sin saber realmente a qué cantidad de residuos se enfrentan.
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