La Unión Europea presiona a España para cumplir las normas comunitarias sobre el amianto
La Comisión Europea presentó este 8 de julio un dictamen motivado al Gobierno de España y a otros cinco Estados miembros para que adopten, de manera definitiva, las normas comunitarias de protección de los trabajadores frente al amianto.
Este dictamen constituye el segundo paso de un expediente de infracción por el no cumplimiento de la transposición de la normativa europea a la legislación nacional. La fecha límite para comunicar las medidas que asegurasen la transposición de las disposiciones de esta directiva expiró el pasado 21 de diciembre de 2025.
Países como Grecia, Chipre, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y España disponen ahora de un plazo de dos meses para adoptar las medidas de rectificación correspondientes. De lo contrario, la Comisión podría remitir los casos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y solicitar la imposición de sanciones económicas.
Entre las principales novedades a adoptar destaca la reducción del Valor Límite Ambiental de Exposición al Amianto en el entorno laboral, el cual se reduce a una décima parte con respecto a la normativa anterior: pasando de 0,1 a 0,01 fibras de amianto por centímetro cúbico.
En respuesta a la urgencia de las disposiciones comunitarias, las autoridades españolas avanzan en la actualización de su marco normativo. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ya había publicado en abril las directrices para adoptar el nuevo Valor Límite Ambiental de Exposición Diaria (VLA-ED) y, hace apenas dos semanas, un nuevo método de medición de fibras de amianto adaptado a las exigencias de este VLA.
Véase: Valor Límite Ambiental: ¿Qué es y para qué sirve?
Sin embargo, ninguna de estas directrices ha entrado formalmente en vigor. Actualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social mantiene bajo consulta y debate un proyecto de real decreto que establecerá las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los trabajos con riesgo de exposición al amianto, actualizando así la legislación vigente recogida en el Real Decreto 396/2006.
La Unión Europea insiste en la adopción inmediata de estas medidas para garantizar una protección eficaz a los trabajadores expuestos a este material, responsable del 75% de los casos de cáncer de origen laboral en el espacio comunitario. En la práctica, el cumplimiento normativo también incrementará la presión sobre la implementación de medidas de seguridad más rigurosas por parte de las empresas autorizadas.
Por el momento, no se ha producido una respuesta oficial por parte del Ejecutivo español, y aún no hay una fecha clara para la aprobación definitiva de la actualización normativa.
Con Información de Europa Press, SWI y Demócrata
