La Guardia Civil detiene a dos personas en Valencia por retirada ilegal de amianto
La Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha detenido a dos hombres e investiga a un tercero que, presuntamente, suplantaron a una empresa autorizada en la gestión de amianto para engañar a una comunidad de vecinos que requería la sustitución de una bajante de fibrocemento.
Según varios medios, en el fraude participó el propio administrador de la finca, quien acudió a una empresa que afirmaba contar con los permisos legales para manipular este material nocivo.
La alarma saltó cuando un propietario decidió contactar con la empresa autorizada que supuestamente iba a ejecutar los trabajos, y descubrió que esta jamás había sido contratada para la obra. El hallazgo propició la intervención de las autoridades.
Negligencia y falsificación documental
La investigación policial reveló que el administrador del edificio había pedido presupuestos previos a varias empresas homologadas. Al constatar la complejidad técnica, las estrictas medidas de seguridad y los elevados costes asociados a los trabajos de desamiantado, decidió decantarse por la vía ilegal y contratar a una constructora ordinaria para abaratar costes.
Ante las sospechas de los residentes por la ausencia de protocolos de seguridad durante las obras, el administrador intentó calmar los ánimos alegando que se trataba de una reforma común, llegando incluso a exhibir documentación medioambiental falsa para respaldar su versión.
La investigación confirmó que el gerente de la constructora era plenamente consciente de que su negocio no figuraba en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA) y que la plantilla carecía de la formación obligatoria para manipular este material cancerígeno.
Asimismo, el informe policial citado por varios medios señala que el jefe de obra de la empresa infractora llegó a usurpar la identidad del responsable de la empresa autorizada en una junta de vecinos, con el único fin de persuadirlos para que se abonaran los pagos pendientes.
Un grave peligro para la salud pública
El procedimiento empleado para retirar la tubería de fibrocemento vulneró toda normativa de seguridad: los operarios rompieron el material a golpe de martillo y cincel y arrojaron los fragmentos hacia los pisos inferiores. Esta acción provocó la liberación y dispersión de millones de microfibras de amianto hacia las viviendas colindantes.
Los residuos se almacenaron en bolsas de plástico comunes y se trasladaron a ecoparques municipales y vertederos ordinarios, omitiendo la obligación legal de depositarlos en instalaciones de tratamiento especializado. Los operarios trabajaron además sin Equipos de Protección Individual (EPI) ni sistemas de descontaminación.
El coste de esta intervención fraudulenta fue de 12.500 euros, una cifra inferior a los 38.000 euros en los que se tasaba el procedimiento bajo el marco laboral y medioambiental vigente. Sin embargo, el ahorro económico contrasta con un impacto sanitario incalculable, ya que la comunidad vecinal ha quedado expuesta a sufrir patologías graves a largo plazo, tales como cáncer de pulmón o mesotelioma.
Por estos hechos, a los involucrados se les imputan presuntos delitos de:
- Pertenencia a grupo criminal.
- Contra los derechos de los trabajadores.
- Contra el medio ambiente.
- Falsedad documental.
- Estafa.
- Usurpación de estado civil.
Las actuaciones han corrido a cargo del Equipo del Seprona de la Comandancia de Valencia y el caso ya ha sido puesto a disposición de la Sección Civil de la Instrucción del Tribunal de Valencia en funciones de guardia.
Desde GDA insistimos en la importancia de abordar la retirada de amianto bajo el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente. La manipulación de este material requiere de protocolos de seguridad rigurosos y personal altamente cualificado; solo mediante una gestión autorizada y responsable es posible mitigar los riesgos derivados de su exposición, garantizando de manera efectiva la protección de la salud de los trabajadores, el bienestar de los vecinos y la preservación del medio ambiente.
Con información de ABC, El Periodic y Europa Press
