Solo el 35% de los ayuntamientos catalanes cuenta con censo de amianto
En los últimos dos años, apenas 80 municipios han completado el registro exigido por la normativa estatal, lo que ralentiza los planes para retirar la uralita.
La hoja de ruta para liberar a Cataluña de los residuos de amianto avanza, pero a un ritmo inferior al previsto por las normativas vigentes. El primer paso indispensable para coordinar la retirada segura de este material —saber exactamente qué edificios, tejados y canalizaciones lo contienen— sigue siendo la gran asignatura pendiente en los diferentes municipios de la Comunidad Autónoma: a día de hoy solo el 35% de los ayuntamientos de la comunidad ha elaborado su censo local de amianto según datos de la Generalitat ofrecidos a El Periódico.
Este porcentaje refleja un progreso lento si se tiene en cuenta que la ley estatal fijaba el límite para disponer de estos registros en 2023. Dos años atrás, en 2024 —insiste el medio— eran unos 250 los consistorios que habían cumplido con la obligación (el 25% del total); desde entonces, apenas unas 80 localidades se han sumado a la lista de municipios con los deberes hechos.
Aunque entre este 35% actual figuran algunas de las principales ciudades, todavía quedan pendientes núcleos urbanos de gran densidad y miles de habitantes, además de numerosos pueblos pequeños.
Herramientas de apoyo ante un reto mayúsculo
El despliegue de estos censos es la herramienta clave para planificar el desmantelamiento de las más de dos millones de toneladas de amianto que se calcula que aún persisten en el territorio. Ante esta situación, el conseller de Empresa, Miquel Sàmper —en declaraciones citadas por El Periódico— ha señalado en sede parlamentaria que el Ejecutivo autonómico mantiene activas diversas líneas de cooperación técnica para ayudar a las administraciones locales.
Entre estas medidas destacan la entrega de mapas con las cubiertas de fibrocemento ya localizadas mediante cartografía, la organización de jornadas formativas para los técnicos de los ayuntamientos y el asesoramiento continuo para facilitar el acceso a las convocatorias de subvenciones.
El escenario legal cambiará a corto plazo con la reciente aprobación de la ley catalana para la erradicación del amianto. Esta norma, cuyo reglamento definitivo se presentará a lo largo del próximo año, ofrecerá un marco de actuación más ágil para acelerar las intervenciones, priorizando los núcleos más poblados y los entornos vulnerables, como las instalaciones deportivas y los centros escolares.
Las retiradas aumentan, pero no al ritmo de las exigencias europeas
A pesar del retraso en la elaboración de los censos municipales, las empresas especializadas y las administraciones siguen retirando material de las calles. El periódico destaca que, durante el pasado año 2025, el depósito controlado de Castellolí —el único centro autorizado en Cataluña para la recepción de estos residuos— gestionó un total de 24.753 toneladas de material con amianto, lo que supuso un incremento del 6% respecto al año anterior.
Aunque desde 2008 se han retirado de forma segura más de 266.000 toneladas de uralita en toda Cataluña, las estimaciones oficiales actuales confirman que todavía queda más de la mitad del trabajo por hacer, lo que aleja la posibilidad de cumplir con el horizonte de «residuo cero» en edificios públicos que la Unión Europea plantea para 2032.
El factor económico sigue siendo el motor principal para acelerar los trabajos tanto en el sector público como en el privado. De cara a este año 2026, la Agència de Residus de Catalunya (ARC) ya ha aprobado presupuesto de 10,5 millones de euros en subvenciones para reparar y retirar cubiertas de amianto que hayan resultado dañadas por tormentas de granizo acreditadas por el Meteocat. Con todo, el Govern recuerda que la velocidad para aplicar la nueva ley y limpiar el territorio dependerá directamente de las prioridades presupuestarias y los créditos disponibles en las próximas cuentas públicas.
