Solo una de cada cuatro víctimas del amianto ha recibido compensaciones
Un reporte de El País asegura que la puesta en marcha del fondo de compensación del amianto, desde septiembre de 2025, ha sido lenta y demasiado exigente.
De los 25 millones de euros anuales destinados para el fondo, apenas se han ejecutado 5 millones; una cifra que, según El País, revela una escasa gestión de las ayudas.
Hasta ahora, han sido aprobadas solo 82 indemnizaciones de las 323 solicitudes presentadas en toda España. Esto significa que únicamente una de cada cuatro personas solicitantes (alrededor del 25%) ha recibido la prestación.
De acuerdo con cifras de la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica), consultada por El País, las comunidades autónomas con más solicitudes son la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con 100 y 85 peticiones respectivamente. Destaca esta última al otorgar un 43% de las indemnizaciones, mientras la primera apenas alcanza un 19%.
Por otra parte, tres comunidades autónomas —Cataluña, Asturias y Cantabria— no han concedido ninguna indemnización a pesar de haber recibido solicitudes.
Desde la entrada en vigor de la ley de compensación a las víctimas en septiembre de 2025, se han suscitado quejas respecto a cómo se ha implementado en cada región. Según reporta El País, varios sindicatos argumentan que los requisitos resultan restrictivos, dejando fuera a muchos afectados; entre ellos, familiares de fallecidos, personas que no han conseguido el reconocimiento de una afección temporal y aquellos que enfermaron por convivencia con personas expuestas al amianto.
De acuerdo con el medio, sindicatos y organizaciones afines negocian con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Borja Suárez, una ampliación de los casos indemnizables, dado que el número de afectados es muy superior a los reconocidos actualmente por los tribunales.
Una de las trabas principales ha sido la formación de las comisiones de valoración. La ley de 2022 establece que estas deben emitir un informe preceptivo sobre el vínculo entre el origen de las patologías y la exposición al amianto; sin embargo, conformar estas comisiones ha llevado casi cuatro años. De hecho, La Rioja y Baleares aún no han constituido la suya.
“El fondo se está poniendo en marcha de forma progresiva y de una manera razonablemente buena”, declaró Suárez a El País. No obstante, el medio argumenta que, «a pesar de que el real decreto que regula este fondo depende de la Seguridad Social y, por lo tanto también su reforma, la pelota estaría en el tejado del Ministerio de Hacienda, que es el que determina, en la práctica, la gestión económica de estas indemnizaciones».
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